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NOTICIAS JURIDICAS

2009-01-07T13:06:00.000-08:00

8° Juzgado de Garantía aprueba acuerdo reparatorio en el denominado caso Facebook

El juez del 8º Juzgado de Garantía de Santiago Luis Avilés aprobó un acuerdo reparatorio entre Evelyn Alejandra Salman Herrera y Fernando Durán Pegito por el delito de apropiación indebida, usurpación de nombre y espionaje informático cometido por la imputada en abril y junio del 2008, en el denominado caso Facebook.
El Ministerio Público formalizó -el 1 de abril- investigación en contra de la mujer por los delitos de apropiación indebida, usurpación de nombre y espionaje informático, cometidos el 27 de abril y 30 de julio de 2008. Según la Fiscalía, Evelyn Salman ingresó al correo electrónico y Facebook de Durán - con quien mantenía una relación extramarital- y sin su autorización y haciéndose pasar por él, envió mensajes a una amiga y a la esposa del denunciante, entregando antecedentes de la infidelidad.
El Ministerio Público pidió como condiciones para el acuerdo reparatorio la devolución de un computador portátil, un cargador y una impresora, las disculpas públicas al afectado y además la prohibición de acercarse a Durán y su familia.
El juez Avilés aprobó el acuerdo reparatorio y ordenó la suspensión condicional del procedimiento durante un año.

Corte Suprema acoge recurso de protección por autorización ambiental de central termoeléctrica en Puchuncaví

La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado en contra de la decisión de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Valparaíso que autorizó el funcionamiento de la Central Termoeléctrica de Campiche, ubicada en las cercanías de la comuna de Puchuncaví.
En fallo unánime (rol 1219-2009), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda y el abogado integrante Benito Mauriz confirmaron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (rol 317-2008) que, en primera instancia, había declarado ilegal la autorización otorgada por el organismo ambiental.
El fallo sostiene que la Corema incurrió en un acto ilegal al autorizar la Central a carbón Campiche, ya que concedió el permiso sin que el organismo respectivo realizara el cambio de uso de suelo.
“La Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La obligación constitucional que se le impone al Estado de proteger el medio ambiente sólo puede entenderse bajo la premisa que a partir de él se desarrolla toda forma de vida. Esto es, cumple una función claramente preventiva. En este caso particular, conforme al Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso, que como instrumento de regulación urbana promueve el desarrollo armónico del territorio de que se ocupa, se destinó la zona donde se pretende instalar una planta termoeléctrica únicamente al desarrollo de áreas verdes y de áreas recreacionales. A tal uso del suelo en esa zona de riesgo, así determinado por un instrumento de planificación territorial, debe atribuírsele actualmente un carácter relevante.En efecto, el sector de emplazamiento del proyecto corresponde a una zona declarada saturada para PM10 -material particulado- y SO2 –dióxido de azufre- desde el año 1993 y se encuentra sujeta a un Plan de Descontaminación. Así las cosas, es posible estimar que esa zona que ha sido destinada a áreas verdes cumple el cometido de mitigar los efectos de los contaminantes presentes en el lugar (…) Que, en consecuencia, la eliminación ilegal de un uso de suelo para áreas verdes en una localidad afectada por la alta emisión de contaminantes provoca un menoscabo evidente al entorno en que viven los recurrentes, vulnerando su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, sostiene la sentencia de la Corte Suprema.

Derecho a no ser discriminado arbitrariamente

fallo de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones que condena a la Sociedad de Inversiones Sun Set S.A., al pago de una multa de 5 U.T.M. Al mismo tiempo, por concepto de indemnización de daño moral, ordenó cancelar a los consumidores afectados, la suma de $160.000, más el pago de las costas del juicio. La denuncia estaba fundada, en que el día 3 de septiembre de 2008, aproximadamente a las 00:30 horas un grupo de jóvenes concurrió a la discoteque Sun Set, y el dueño de la misma les habría negado el ingreso a dicho establecimiento, ya que supuestamente los jóvenes se encontraban en estado de ebriedad. Con fecha 22 de enero de 2009, el juez del Segundo Juzgado de Policía Local de Arica, rechazó la denuncia infraccional, presentada por el SERNAC, fundamentando su decisión en que no se habría acreditado que la acción de la denunciada haya tenido el carácter de arbitraria. Sin embargo, el SERNAC presentó un recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, y la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Arica, con fecha 23 de abril de 2009, revocó la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Arica, y acogió la denuncia infraccional interpuesta por el Servicio Nacional del Consumidor, ya que se habría acreditado que los denunciantes no se encontraban en estado de ebriedad cuando concurrieron a la discoteque, constituyendo el hecho denunciado una discriminación arbitraria del proveedor del servicio, practicado por la sola voluntad o capricho de éste, sin que se hay justificado su proceder. Señaló además, que, la parte denunciada habría incurrido en una conducta infraccional vulnerando el derecho del consumidor previsto en el artículo 3 letra c) de la ley 19.496, esto es, el derecho a no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios. Finalmente, Monsalve, agregó a modo de conclusión, que el actuar del consumidor y de los Tribunales y de SERNAC, demuestran que reclamar sirve.

Modificación a la Ley N° 18.010 Primer trámite constitucional
La verdad es que esta, es una modificación algo tardia para estos momentos de crisis... pero nunca es tarde.

Modifica la Ley N° 18.010 consagrando el derecho del deudor a renegociar las condiciones y plazos del mutuo en casos de desempleo y merma en los ingresos por razones externas no imputables al deudor
Boletín N° 6384‑05

I‑ ANTECEDENTES GENERALES.

Una de las áreas tradicionales de negocios de los bancos e instituciones financieras es el otorgamiento de préstamos de dinero. Para ello, han desarrollado pautas de evaluación de sus clientes con el objeto de determinar el riesgo que tiene el solicitante de incurrir en incumplimiento de la obligación contraída.

.Por ello, se analiza el estado de situación de la persona natural o jurídica, su patrimonio, sus ingresos desde un punto de vista del monto, periodicidad y naturaleza, sus deudas y comportamiento de pago. El cruce de estas informaciones nos arroja un perfil de cliente que determinará la viabilidad del otorgamiento de crédito, montos, plazos, tasa de interés y constitución de garantías.

En ese orden de ideas, una persona que solicita un mutuo de dinero tiene al momento de su otorgamiento las condiciones para pagar oportuna y totalmente la deuda contraída. La duda que surge es que ocurre en el caso que la persona se vea impedida de dar cumplimiento a su obligación por circunstancias ajenas a su responsabilidad. Citaremos como ejemplo, la pérdida del trabajo, la merma de los ingresos o las dificultades sobrevinientes para sacar adelante un proyecto empresarial.

Nos preocupa la crisis económica cuyos efectos se dejan sentir en estos momentos. La posibilidad de que una parte de los deudores del sistema financiero y de casas comerciales pierda sus fuentes de ingresos o experimente dificultades para mantener sus proyectos laborales y empresariales es concreta y más cercana de la que nos gustaría.

Por ello, estimamos que el sistema financiero debe abrirse a la posibilidad de renegociar, en esos casos, el plazo de la deuda y monto de la cuota a pagar por el deudor de buen comportamiento que se ve afectado por alguna de las causales mencionadas.

Estimamos que la solución planteada puede ahorrar recursos a los acreedores los que deben demandar en juicio el pago íntegro de la obligación. Por otra parte, estimamos que al acotar quienes pueden renegociar su deuda y en que circunstancias estamos premiando a las personas verdaderamente no están en condiciones de pagar una cuota mensual determinada pero que tienen la voluntad de cumplir.

En torno al tema planteado algunas casas comerciales han implementado la suscripción de seguros de cesantía para sus clientes, cuyas cuotas son descontadas mensualmente. En ellas, los clientes pueden renegociar las cuotas de pago abonando una cantidad de dinero y, dependiendo de las condiciones particulares pueden quedar con su línea de crédito "congelada" hasta el pago de la deuda. Lo negativo son los intereses que deben cancelar por tener esa opción.

Creemos que en la medida que el deudor acredite fehacientemente la su situación que le afecta se debe abrir una posibilidad de renegociar el plazo y/o monto de la cuota para evitar uno de los procedimientos más humillantes y dañinos para el deudor como es el juicio ejecutivo de obligaciones de dar, procedimiento en el cual también resultan dañados los intereses del acreedor ya que las especies suelen subastarse a un precio casi irrisorio con lo que tampoco ver satisfecha la deuda.

POR TANTO,

En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY.

Agrégase un nuevo artículo 16 bis a la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica.

"Artículo 16 bis: Durante la vigencia del plazo estipulado para el pago de un crédito de dinero, el deudor que viere afectada su capacidad de pago por circunstancias sobrevinientes y que no le resulten imputables tendrá derecho a renegociar el plazo y monto de la cuota a pagar al acreedor.
El acreedor no podrá negarse a recibir la solicitud de renegociación y tendrá derecho a que el deudor le acredite la situación que le afecta. Una vez efectuado lo anterior el acreedor deberá pronunciarse dentro del plazo de 10 días sobre la solicitud presentada.
Si no existieren seguros comprometidos, en los siguientes casos se deberá dar curso a la petición del deudor:

1- Cesantía del deudor por más de 2 meses.

2- En el caso de los trabajadores independientes, descenso en más de un 20% de los ingresos que suele percibir durante más de tres meses.

3- Acreditar que al deudor a su vez se le adeudan pagos con concepto de ventas y prestación de servicios que afectan temporalmente su liquidez.

4- Deudor que se halle incapacitado temporalmente para generar los ingresos para cumplir con sus obligaciones por razones de, caso fortuito o fuerza mayor."

LEY DE LA SEMANA CORRIDA

Trabajadores que se desempeñan en sectores productivos y de servicios como los vendedores de grandes tiendas, centros comerciales y supermercados, son los principales beneficiados.12 de enero 2009
Este 21 de enero comenzó a aplicarse una de las leyes laborales más recientes: la llamada Ley de la Semana Corrida , que en realidad se trata de una modificación al artículo 45 del Código del Trabajo incluida en la ley que equiparó el sueldo base con el salario mínimo, aprobada en agosto. La nueva reforma laboral genera, sin embargo, un grado de polémica a propósito de las opiniones encontradas entre los parlamentarios de gobierno y oposición y entre los de empresarios y trabajadores sobre los efectos que tendrá la normativa.
La iniciativa legal consiste en ampliar el derecho a remuneración por los días domingo y festivos -que antes sólo poseía el trabajador remunerado exclusivamente por día- a los empleados que también son remunerados por sueldo mensual y remuneraciones variables, tales como comisiones o tratos.
El objetivo no sólo es actualizar la legislación que se encuentra vigente desde la década del 60, cuando se creó para desincentivar el ausentismo laboral y el alcoholismo en el sector agrícola, sino que hacerla efectiva también para empleados de otras áreas, sobre todo considerando que hoy los trabajadores con remuneración variable representan más de la mitad de la fuerza laboral del país, concentrándose el mayor porcentaje en el comercio, específicamente en el sector del retail.

NUEVA JUSTICIA LABORAL

¿Cuándo comenzó a regir la nueva justicia laboral?El 31 de marzo de 2008 y en forma gradual, comenzó por las regiones de Atacama (III región) y Magallanes (XII región). Luego, a partir del 3 de noviembre de 2008, comenzará en las regiones I, IV, V y XIV, y en las regiones II, VI, VII y VIII lo hará desde el 30 de abril de 2009. En la Región Metropolitana se aplicará desde el 31 de agosto de 2009, y en las regiones IX, X, XI y XV la ley empezará regir el 30 de octubre de 2009. ¿Qué características tienen los tribunales laborales?Cuentan con jueces especializados en la materia. Sus audiencias son orales y públicas. Existe un contacto directo del juez con las partes y las pruebas. Se agrupa la casi totalidad de los actos que supone el juicio en dos audiencias: preparación y juicio. Se abrevian los plazos y actuaciones. Los jueces podrán tomar una serie de iniciativas para evitar demoras innecesarias o paralizaciones del juicio. Gratuidad de toda actuación, trámite o diligencia que deban realizar los funcionarios del tribunal. ¿Cuántos tribunales del trabajo hay en cada comuna?Un juzgado del trabajo en cada una de las siguientes comunas, con el número de jueces que se indica: XV Región de Arica y Parinacota: un tribunal radicado en la comuna de Arica (2 jueces)I Región de Tarapacá: un tribunal en Iquique (3 jueces)II Región de Antofagasta: Antofagasta (3 jueces) y Calama (2 jueces )III Región de Atacama: Copiapó (2 jueces)IV Región de Coquimbo: La Serena (3 jueces)V Región de Valparaíso: Valparaíso (3 jueces) y San Felipe (2 jueces)Región Metropolitana: en Santiago dos juzgados con 13 jueces cada uno; San Miguel con cuatro jueces; San Bernando con dos jueces y Puente Alto con dos jueces.VI Región del Libertador General Bernardo O´Higgins: Rancagua (3 jueces)VII Región del Maule: Curicó (2 jueces) y Talca (2 jueces)VIII Región del Bío Bío: Chillán (3 jueces), Concepción (3 jueces), Los Ángeles (2 jueces)IX Región La Araucanía: Temuco (5 jueces)X Región de Los Lagos: Puerto Montt (3 jueces) y Castro (1 juez)XIV Región de los Ríos: Valdivia (2 jueces) y Osorno (2 jueces)XI Región de Aisén del General Carlos Ibáñez Del Campo: Coyhaique (1 juez)XII Región de Magallanes: Punta Arenas (1 juez) En las comunas o agrupaciones de comunas donde no hayan tribunales laborales, estas materias serán de competencia de los Juzgados de Letras con competencia en lo Civil. ¿Qué materias tratan los tribunales laborales? Controversias entre empleadores y trabajadores por la aplicación de normas laborales o derivadas de la aplicación de un contrato de trabajo individual o colectivo, convenciones y fallos arbitrales en materia laboral. Controversias derivadas de la aplicación de normas referidas a organización sindical y negociación colectiva. Juicios relativos a la aplicación de normas de previsión o de seguridad social, presentados por trabajadores activos, empleadores y pensionados (salvo lo relativo a la revisión de las resoluciones sobre la declaración de invalidez o del otorgamiento de licencias médicas). Reclamaciones que procedan en contra de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa en materia laboral, previsional o de seguridad social. Juicios donde se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, con excepción de la responsabilidad extracontractual. Todas las demás materias que las leyes entreguen a la competencia de los juzgados de letras con competencia laboral. ¿Qué juzgados se encargan de las cobranzas laborales y previsionales?Los juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, que comenzaron a funcionar en noviembre de 2005. En aquellos lugares donde no existan estos tribunales, estas materias serán competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo. ¿Se necesita abogado para poner una demanda?Sí. Pero si no cuenta con recursos la justicia laboral pone a su disposición un defensor laboral, esto es, un abogado especializado que lo representará en forma gratuita. ¿De quién dependen los defensores laborales? El programa de Defensa Laboral opera a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial presentes en el país (regiones Metropolitana, Tarapacá, Valparaíso y Bío Bío) y es supervigilado por el Ministerio de Justicia. El sistema contempla 138 defensores laborales para cubrir el territorio nacional. ¿Cuál es el procedimiento de los tribunales laborales?Se distinguen cinco tipos de procedimientos: 1. Aplicación general El juicio se inicia con una demanda escrita y el juez fija una audiencia en no más de 35 días donde llama a las partes a conciliarse. Si no se logra, el juez determinará cuáles son los puntos de prueba y las partes ofrecerán sus medios de prueba. En esa instancia, el juez puede disponer medidas cautelares, despacho de oficios o citaciones y fijará la fecha de una segunda audiencia en un plazo no superior a 30 días. En esta segunda audiencia se rinden las pruebas y el juez puede dictar sentencia al término de la audiencia o dentro de 15 días. 2. Procedimiento de tutela laboral Se establece un procedimiento especial en caso que se afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entre éstos, el derecho a la vida y a la integridad síquica; el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia; la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada; la libertad de conciencia; la libertad para emitir opinión; la libertad del trabajo y el derecho a su libre elección, como también aquellos actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2 del Código del Trabajo. Podrán ejercer esta acción de tutela laboral el trabajador o una organización sindical La tramitación de este procedimiento goza de preferencia respecto de todas las demás causas que se tramiten ante el tribunal. 3. Procedimiento monitorioSe aplicará en aquellas controversias cuya cuantía sea igual o inferior a 10 ingresos mínimos mensuales y las derivadas del fuero maternal. Se inicia por reclamo ante la Inspección del Trabajo, la cual citará a comparendo a las partes. En el caso de conflicto por fuero maternal, el procedimiento se inicia directamente en el tribunal. A la audiencia en la Inspección del Trabajo se debe concurrir con todos los medios de prueba y de no existir conciliación, el trabajador podrá interponer una demanda por escrito ante el juez, dentro de un plazo de 60 días, después de que fue despedido. El juez acogerá las pretensiones del demandante de inmediato si las estima fundadas o en caso contrario, las rechazará de plano. En caso de no existir antecedentes suficientes para este pronunciamiento, o si las partes reclaman de esta resolución, el tribunal deberá citar a una audiencia única de conciliación y prueba, que deberá celebrarse dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la demanda. Las partes deberán asistir a esta audiencia con todos sus medios de prueba y en ella el juez deberá dictar sentencia. 4. Procedimiento de reclamación de multas y demás resoluciones administrativas Se establece que el reclamo de multas administrativas se regirá por el procedimiento de aplicación general, debiendo interponerse el reclamo en el plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la sanción.5. Procedimiento EjecutivoSe trata de un procedimiento forzado o ejecutivo, es decir, se trata de una sentencia que se debe hacer cumplir.

Fallo del Dia

2009-01-06T12:16:00.000-08:00

Corte de Apelaciones de Santiago confirma multas aplicadas a empresas del sector eléctrico por apagón de septiembre de 2002

En fallos unánimes (roles 5782-2004, 5783-2004, 5784-2004, 5785-2004, 5792-2004, 5845-2004, 5847-2004, 5912-2004, 6014-2004 y 6026-2004) los ministros de la Novena Sala del tribunal de alzada Jorge Dahm, Emilio Elgueta y María Rosa Kittsteiner (suplente) rechazaron los recursos de reclamación presentados por 10 empresas en contra de las resoluciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), organismo que en agosto de 2003 aplicó una serie de multas que alcanza un monto total superior a los $ 5.000.000.000 (cinco mil millones de pesos).
Las empresas eléctricas sancionadas fueron San Isidro, Endesa, Pehuenche, Pangue, Colbún, Eléctrica Santiago, CGE Transmisión, Transelec y Guacolda tras establecerse en el proceso que: “(…) El origen del apagón fue el corte de uno de los conductores de la línea antes mencionada por fatiga de material. Se estableció también que las protecciones, dispositivos electrónicos que permiten detectar una falla y dar órdenes automáticas de apertura a elementos electromecánicos para aislarla y disminuir sus efectos, operaron erróneamente por estar mal programadas, lo que produjo el colapso total del sistema, en alrededor de 3 segundos. Una vez producido el corte, la recuperación del servicio se vio retrasada porque no pudieron entrar y sincronizar con el sistema las centrales de Colbún y Machicura y la turbina TG 9 B de propiedad de Colbún. Las primeras no pudieron sincronizar en Alto Jahuel, porque no operó el cierre remoto del interruptor de interconexión, lo que impidió la reconexión telecomandada. La turbina no funcionó porque falló su sistema de partida autónoma”.
Las multas aplicadas a las empresas fueron las siguientes:
San Isidro: 500 Unidades Tributarias AnualesEndesa: 1.500 Unidades Tributarias Anuales.Pehuenche: 1.500 Unidades Tributarias Anuales.Pangue: 1.000 Unidades Tributarias Anuales.Colbún: 2.450 Unidades Tributarias Anuales.Eléctrica Santiago: 1.000 Unidades Tributarias Anuales.Aes Gener: 1.500 Unidades Tributarias Anules..
CGE: 1.000 Unidaes Tributarias Anuales.Transelec: 1.500 Unidades Tributarias AnualesGuacolda: 1.000 Unidades Tribuatarias Anuales.
Los fallos avalan las sanciones y la investigación de la SEC, donde se estableció que “el lunes 23 de septiembre de 2002, siendo las 11:24 horas se produjo un apagón generalizado o black out en el Sistema Interconectado Central (SIC) desde Tal-Tal a Linares, que tuvo su origen en el bloqueo de la protección de distancia SEL 321-1, ante el corte de un conductor en la fase inferior de la línea Nº 2, de 220 kV, Alto Jahuel Cerro Navia, de propiedad de la empresa transmisora HQI Transelec S.A. El servicio se restableció gradualmente para quedar restablecido aproximadamente a las 13:15 horas”
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó una serie de multas aplicadas a 9 empresas ligadas al sector eléctrico (generadoras y transmisoras) por la responsabilidad que les cupo en el apagón (black out) ocurrido el 23 de septiembre de 2002 y que provocó una caída general del sistema eléctrico entre Tal Tal y Linares.

Corte Suprema condena a sostenedora educacional por publicidad engañosa en carrera de perito criminalístico

La Corte Suprema ratificó que la Corporación Santo Tomás para el Desarrollo de la Educación y La Cultura debe cancelar una multa a beneficio fiscal e indemnizaciones a estudiantes de la carrera de perito forense, por publicidad engañosa.
En fallo dividido (en causa rol 7855-2008), los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Luis Bates, rechazaron el recurso de queja presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco (rol 934-2008), que había acogido la denuncia por Ley del Consumidor en contra del Instituto Santo Tomás, sede local.
El fallo condena a la entidad sostenedora del Instituto a pagar una multa de 50 UTM (equivalentes a $1.832.250) en beneficio fiscal. Además, debe cancelar la suma de $500.000 (quinientos mil pesos) a cada uno de los 85 demandantes a título de indemnización por daño moral.
La resolución sostiene que existió publicidad engañosa al ofrecer una carrera sin el campo laboral ofertado. “Que, de lo anteriormente expuesto, se desprende que la publicidad que se analiza apreciada en su conjunto y de acuerdo a la sana crítica, contiene un claro elemento inductivo a error, a tener cierto lo que no es en la contratación de servicios: la existencia de fuentes laborales en el ámbito de la nueva justicia penal lo que, según ha quedado demostrado, no es del todo efectivo. De otro modo dicho, se llevó adelante la publicidad reprochada sin haber realizado estudios, investigaciones o consultas previas de factibilidad o de mercado que permitiesen a la Corporación demandada probar -como lo exige el art. 33 de la ley sobre Protección de los Derechos del los Consumidores- la veracidad de la información contenida en la publicidad de los servicios ofrecidos. Se inobservó al respecto el principio de comprobabilidad publicitaria, propio del derecho de protección de los consumidores, recogido en el derecho comparado y en la historia fidedigna del establecimiento de la ley (fjs. 196 y siguientes). Tampoco se advirtió en la publicidad de marras que las fuentes laborales ofrecidas como servicios nuevos en el sector público dependerían de la velocidad de avance de la implementación de la reforma procesal penal, como ha argumentado a posteriori y sin razón la demandada. De haber esta última procedido con la más elemental diligencia, habría podido comprobar -y en consecuencia “haber sabido” (artículo 28 de la Ley de Protección del Consumidor)- la inexistencia de las carreras ofrecidas en el ámbito público a la época de sus ofertas, es decir, promovió como posible algo que no era verdadero”, dice la resolución.
La decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Ballesteros, quien era partidario de no aplicar la Ley del Consumidor para este caso dado que se trata de una acción colectiva que se tramitan en los tribunales civiles; y con la opinión contraria del ministro Dolmestch, quien fue partidario de mantener el fallo de primera instancia que había rechazado la acción.

Corte Suprema confirma multa a cadena de farmacias por no mantener medicamentos a disposición del público

La Corte Suprema ratificó que la cadena de farmacias Salco Brand. S.A. debe cancelar una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales (equivalentes a $ 1.832.250) por no mantener un stock permanente y visible de productos a disposición del público.
En fallo unánime (causa rol 3817-2009), los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Sergio Muñoz y Carlos Künsemüller, determinaron rechazar el recurso de queja presentado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel (rol 319-2009) que había ordenado el pago antes señalado por violar la Ley del Consumidor.
“Que analizada la prueba rendida y teniendo especialmente en cuenta el mérito de las declaraciones realizadas por los testigos de la denunciante, en especial la de don Julio Pérez González y don Pedro Ríos Parra, quienes en su calidad de fiscalizadores de la denunciante, pudieron constatar personalmente que en los locales de la denunciada ubicados en calle Teatinos N° 50, comuna de Santiago, y Mall Plaza Vespucio, comuna de La Florida, no existía inicialmente a disposición del público y de manera permanente y visible, como estrictamente lo ordena el inciso final del artículo 30 de la Ley 19.496, un listado de precios de los distintos productos y medicamentos ofrecidos al público y, sólo después de insistentes gestiones de los fiscalizadores y transcurrido un determinado lapso, se pudo tener acceso a éstas, motivo por el cual se concluye que la empresa denunciada no ha cumplido con lo dispuesto en el inciso final del artículo 30 ya referido, como asimismo lo preceptuado en la letra b) del artículo 3° de la ley ya citada, en cuanto al derecho del consumidor a una información oportuna de los bienes y servicios ofrecidos, debiendo en consecuencia estos sentenciadores aplicar las sanciones que procedieren, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de la misma ley.”, dice el fallo del tribunal de alzada.

25 de Agosto de 2009

Corte de Apelaciones de Santiago condena a productora por no restituir oportunamente dinero de entradas

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a una empresa productora de eventos deportivos y culturales a pagar una indemnización por infracción a la Ley del Consumidor, tras postergar la realización de un espectáculo y no reintegrar oportunamente el dinero de un cliente que no podía asistir a la nueva fecha establecida.
En fallo unánime (causa rol 6340-2009), los ministros de la Octava Sala del tribunal de alzada Juan Manuel Muñoz Pardo, Amanda Valdovinos y el abogado integrante Rodrigo Asenjo, condenaron a la Productora Onefashion Managment a pagar una multa de 8 Unidades Tributarias Mensuales y el pago de una indemnización de $242.000 (doscientos cuarenta y dos mil pesos) a Enrique Granados Araneda.
El consumidor adquirió entradas para un partido de tenis entre Marcelo Ríos y Pete Sampras que, inicialmente, debía realizarse el 18 de mayo de 2008, pero el encuentro fue reprogramado y Granados Araneda no podía asistir en la nueva fecha.
El fallo determina que no se respetó el contrato suscrito entre el consumidor y el proveedor al fijar una fecha límite para la devolución de los dineros derivados de la cancelación del espectáculo en la fecha inicialmente definida.
“Que no existe en el texto de la ley que regula los derechos de los consumidores, ninguna disposición que autorice al proveedor a fijar, arbitrariamente, fechas límites para restituir el precio que se hubiese pagado por un servicio que no pueda prestarse en las condiciones en que originalmente se pactó.Y, en la situación de autos, al fijarse el 31 de mayo de 2008, como fecha límite para la devolución del precio de las entradas, está colocando sobre el consumidor, la carga de la solución de sus problemas contables como lo manifiesta expresamente el denunciado al contestar el traslado conferido”, dice el fallo.
Agrega que: “en las condiciones anotadas, el proveedor, denunciado de autos, ha infringido lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 19.496, por no haber respetado los términos, condiciones y modalidades del contrato celebrado, haciendo así procedente acceder a la petición del recurrente de que se le reintegre el precio pagado por las entradas que no pudo usar por postergación unilateral del espectáculo (…) Que, en lo que concierne al daño moral, éste se genera frente a la sensación innegable de desvalimiento al reclamar contra una empresa que adopta la cómoda posición de esperar los acontecimientos, no responder los requerimientos directos del consumidor y hacer caso omiso de la denuncia formulada ante el Sernac que le fuera comunicada, frente a la expectativa del abandono por parte del consumidor, atendida la cuantía menor de la cantidad perdida. La situación sufrida por el demandante, tiene el carácter de una vejación a sus derechos, que puede y debe ser indemnizada, en cuanto produce un sentimiento de legítimo desamparo”.

21 de Agosto de 2009

Corte de Apelaciones de Santiago condena empresa de computadores por falta de servicio

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la empresa PC Factory a devolver la suma de $ 615.441 (seiscientos quince mil cuatrocientos cuarenta y un pesos) y el pago de una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) en una demanda presentada por un consumidor, quien adquirió un computador en dicha empresa que no funcionó correctamente.
En fallo unánime (causa rol 7915-2009), los ministros de la Primera Sala del tribunal de alzada Raúl Rocha, Jessica González y el abogado integrante Emilio Pfeffer, condenaron a PC Factory, en el caso del ingeniero en prevención de riesgos Carlos Herrera Vicencio.
El consumidor compró -el 19 de mayo de 2007- un computador Compaq Desktop Presario, el que fue utilizado en dos oportunidades, presentando fallas que no fueron resueltas por el servicio técnico.
En primera instancia, la jueza titular del Tercer Juzgado de Policía Local de Providencia Carlota Martínez Campomanes había condenado, además, al pago de una indemnización por daño moral por un monto de $ 300.000 (trescientos mil pesos), lo que fue desestimado en segunda instancia.
08 de Agosto de 2009

Corte de Apelaciones de Santiago condena a médico a cancelar indemnización por negligencia en intervención quirúrgica

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a un médico a pagar una indemnización a una paciente que resultó con una parálisis parcial del lado derecho de su rostro, tras una intervención quirúrgica de extirpación de un tumor en la región parotídea.
En fallo unánime (causa rol 10569-2005), los ministros de la Sexta Sala del tribunal de alzada capitalino Alfredo Pfeiffer, Mario Rojas y el abogado integrante Emilio Pfeffer ratificaron que el médico oncólogo Ignacio Goñi Espíldora debe cancelar $ 50.055.800 (cincuenta millones cincuenta y cinco mil ochocientos pesos) a María Elena Pastor Espejo.
La sentencia del tribunal de alzada ratifica el dictamen de la titular del Duodécimo Juzgado Civil de Santiago Carolina Rivas Vargas, quien -el 29 de agosto de 2005- determinó acoger el pago por considerar que el doctor Goñi Espíldora se apartó de la lex artis al intervenir a su paciente.
“El médico demandado no obró con la debida diligencia y cuidado cuando decidió hacer la resección del nervio facial, por tratarse de un tumor del tipo shwanoma, por cuanto, para tal determinación era necesario contar con la autorización de la paciente o, al menos, de sus familiares, atendido inevitable parálisis facial que ocasiona tal intervención y la necesidad de programar el tratamiento más adecuado para la reconstrucción del nervio y la movilidad del rostro. En efecto, no obstante ser efectivo que la resección del nervio facial es aquel procedimiento de resolución de un schwanoma que sugiere la lex artis, sea éste benigno o maligno; también lo es la necesidad de programar el mejor procedimiento de reconstrucción del nervio, hacía necesario postergar esa decisión hasta contar con el consentimiento informado de la paciente, más aún si se considera que no existía mayor riesgo si la espera no se extendía más allá del término que el propio facultativo les informara”, dice el fallo de primera instancia.
María Elena Pastor Espejo, de profesión traductora, concurrió los primeros días de noviembre de 2000 hasta la consulta del doctor Goñi Espíldora a raíz del crecimiento de una protuberancia en la parte superior del cuello, la que le provocaba molestia, principalmente estética.
El médico determinó la extracción del tumor para lo cual se programó una intervención en el Hospital Clínico de la Universidad Católica el 7 de noviembre de 2000. Al momento de realizar la intervención, y después de una primera biopsia, en el pabellón se determinó que se trataba de un tumor tipo schwanoma benigno; el doctor Goñi Espíldora extrajo el tumor y en la intervención cortó el nervio facial derecho, lo que provocó una parálisis facial de toda esa zona del rostro.
De acuerdo a la literatura médica acompañada al proceso, el médico, una vez detectada la naturaleza benigna del tumor debió haber detenido la operación y discutir con la paciente las consecuencias de la extirpación del mismo para proceder a extraerlo en una nueva oportunidad.
La traductora Pastor Espejo había demandado inicialmente al doctor Goñi Espídora y al Hospital Clínico de la Universidad Católica; pero, tanto en primera instancia como en el tribunal de alzada, la acción contra el establecimiento fue desestimada por considerar que el centro asistencial sólo dispuso de la infraestructura necesaria para proceder a la intervención acordada entre dos particulares.

Corte de Apelaciones de Santiago condena a empresa y a particular por accidente en carretera concesionada

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la empresa Infraestructura 2000 S.A, adjudictaria de la concesión de la Autopista del Sol, y a un particular a pagar una indemnización solidaria de $ 13.428.126 (trece millones cuatrocientos veintiocho mil ciento veintiséis pesos) por un accidente provocado en la autopista por el choque de un vehículo con un caballo.
En fallo unánime (causa rol 10202-2006), los ministros de la Séptima Sala del tribunal de alzada Cornelio Villarroel, Mauricio Silva Cancino y el abogado integrante Enrique Pérez determinaron que la suma debe ser cancelada al matrimonio de Francisco Reyes Silva y Ana María Gutiérrez.
La indemnización se divide en tres conceptos: $ 8.928.126 (ocho millones novecientos veintiocho mil ciento veintiséis pesos) por daño emergente; $ 3.000.000 (tres millones de pesos) por desvalorización del vehículo, y $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) por daño moral de Ana María Gutiérrez.
La pareja circulaba -el 17 de febrero de 2004- en su vehículo Mercedes Benz Station ML 350 por la ruta cuando colisionaron con un caballo de propiedad de Eugenio Zegers León, dueño del Fundo Miramar, aledaño a la ruta.
El fallo determina que, tanto Zegers León como a la adjudicaria Infraestructura 2000 S.A., son responsables por los daños provocados al vehículo de propiedad del matrimonio, el primero por ser dueño del animal impactado y mantenerlo sin los resguardos necesarios para evitar su escape a la vía; y la segunda por no mantener de manera adecuada los cierres de la autopista.
En este último caso se condenó a la empresa adjudicataria y no a la concesionaria Autopista del Sol S.A, que tiene razón social y Rut distinto, por considerar que de acuerdo a la Ley de Concesiones la empresa adjudicataria es tan responsable como la concesionaria de la mantención de la vía.
“Que, como puede advertirse de las reflexiones que preceden, la naturaleza jurídica de la demandada “Infraestructura Dos Mil S.A.”, y el procedimiento propio de la adjudicación permiten concluir que substancialmente tiene sobre sí la carga de las obligaciones de que aquí se trata, siendo así legitimada plena de la acción de perjuicios dirigida en su contra, cuánto más si, a raíz del incendio del predio colindante a la ruta, no aparece haber adoptado medida de seguridad alguna para que animales del campo siniestrado salieran a la ruta pública exponiendo al peligro de los conductores”, dice el fallo.
En primera instancia, el titular del Noveno Juzgado Civil de Santiago Raúl Trincado Dreyse, había determinado que el pago debía ser asumido sólo por Eugenio Zegers León, propietario del caballo, acogiendo la alegación de falta de legitimación activa de la empresa. Además, definió un monto mayor a indemnizar.

27 de Julio de 2009

Corte de Apelaciones de Santiago condena a isapre a pagar indemnización por no otorgar cobertura médica

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la isapre Banmédica a pagar la suma de $ 10.000.000 (diez millones de pesos) a una mujer que se quedó injustificadamente sin cobertura de salud en una intervención quirúrgica.
En fallo unánime (en causa rol 119-2008), los ministros de la Primera Sala del tribunal de alzada Raúl Rocha, Jessica González y el abogado integrante Emilio Pfeffer condenaron a la institución de salud a pagar la suma a la profesora Alejandra Machuca Ferrada.
La resolución establece que la isapre no cumplió con el contrato de prestación de salud con la afectada al no otorgar cobertura médica durante de una hospitalización en la Clínica Dávila, a la que ingresó de urgencia, el 13 de junio de 2001, con un diagnóstico de hipoglicemia.
La isapre negó la cobertura a la mujer y la desafilió, argumentando que al momento de afiliarse, en 1998, no declaró como enfermedades preexistentes el hipotiroidismo, la hipoglicemia y el síndrome depresivo que padecía. Sin embargo, la mujer tres meses antes de su afiliación había pertenecido a la misma institución en calidad de carga de su esposo y al momento de firmar el nuevo contrato, la captadora le informó que no tenía que hacer la declaración de pre existencia.
El fallo del tribunal de alzada determina que se produjo menoscabo a la profesora Machuca Ferrada al dejarla sin cobertura durante su tratamiento de salud. “Esta Corte sí estima debidamente acreditados los padecimientos que la actora debió experimentar a consecuencia de su desafiliación del sistema privado de salud y que la sentencia en alzada describe, y sobre las cuales declararon latamente los testigos individualizados en el motivo tercero que antecede, derivados, todos ellos, de la circunstancia de haber quedado desamparada por su Isapre, sin acceso a las bonificaciones a que tenía derecho, lo cual, naturalmente, como a cualquier persona, causa aflicción, dolor, sensación de inseguridad, motivos suficientes para confirmar la sentencia apelada con la declaración que en lo resolutivo se formulará”, dice el fallo.

23 de Julio de 2009

Corte de Apelaciones de Santiago condena a empresa de telefonía móvil por deficiente calidad de servicio

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la empresa Telefónica Móviles Chile S.A a pagar una multa de 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a $ 1.467.280, y una indemnización de $1.000.000 (un millón de pesos) por daño moral al no respetar los derechos de un consumidor.
En fallo unánime (en causa rol 4790-2009), los ministros de la Sexta Sala del tribunal de alzada Alfredo Pfeiffer, Mario Rojas y el abogado integrante Rodrigo Asenjo, determinaron que la empresa debe pagar la multa e indemnizaciones por no respetar los derechos de Rodrigo Torres Neira.
El consumidor arrendó, con compromiso de compra, un teléfono celular modelo Sony Ericsson T250 en la mencionada compañía en mayo de 2008; sin embargo, el aparato y el servicio nunca fueron prestados adecuadamente .
El fallo determinó que la empresa infringió la Ley del Consumidor al otorgar una deficiente calidad de servicio por las constantes interrupciones del mismo.
“Que, como ya se dijo, analizados los antecedentes allegados al proceso conforme a las reglas de la sana crítica, permiten a esta Corte arribar a la conclusión que la denunciada Telefónica Móviles Chile S.A., ha cometido infracción a la ley de protección a los derechos de los consumidores, por cuanto se produjeron suspensiones del servicio telefónico y reiteradas inhabilidades del aparato telefónico en sí o en su tarjeta SIM, causándole un evidente menoscabo a su cliente”, dice el fallo.

15 de Julio de 2009

Corte Suprema ordena pagar multa a restaurante que negó atención a jóvenes con discapacidad mental

La Corte Suprema dejó sin efecto, de oficio, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que, el 29 de octubre de 2008, rechazó la denuncia infraccional presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en contra de la representante legal del restaurante Budapest de la comuna de Ñuñoa, por negar la atención a un grupo de jóvenes con discapacidad mental.
En fallo unánime (en causa rol 6838-2008), los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Nelson Pozo, si bien rechazaron el recurso de queja presentado en contra de los ministros de la Octava Sala del tribunal de alzada, haciendo uso de sus facultades privativas resolvieron acoger la presentación del Sernac, y condenaron a la representante legal del local a pagar una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales, a beneficio fiscal, más las costas de la causa.
El fallo establece que el restaurante violó la Ley del Consumidor al negar la atención a los jóvenes discapacitados de un grupo de teatro sin causa justificada.
“En el caso sublite, aún cuando se partiera de la base que los afectados por la conducta de la denunciada “por su rasgos faciales” aparentaban ser menores de edad, lo que no es efectivo, ya que basta apreciar el video de fojas 92 y los documentos de fojas 68 a 75, para percatarse que se trataban de mayores de edad afectados con síndrome de down, el sano juicio o prudencia exigía atenderlos y no negarles injustificadamente la venta o prestación del servicio, en un local que tiene también como giro la venta de alimentos y de bebidas no alcohólicas, en una sitio inmediatamente contiguo a la vía pública como es la vereda y en un día y horario -jueves 10 de agosto de 2006, a las 17,00 horas aproximadamente- en que las máximas de la experiencia no permiten presumir que el fin del grupo de potenciales consumidores o usuarios que eran los reclamantes, fuera el consumir alguna bebida alcohólica, de modo que el proceder que correspondía asumir a los administradores y dependientes del local denunciado era preguntar previamente a los interesados lo que deseaban adquirir; en caso que estos indicaran que apetecían la adquisición de un producto alimenticio o refresco no alcohólico, suministrar tales bienes y, en caso de que el cliente señalara su intención de consumir alcohol aplicar el mecanismo de prevención contemplado por la Ley del Ramo, fiscalizando si concurrían con sus padres, y sólo en caso de negativa, rechazar la venta del producto y la atención del consumidor, pero la situación fáctica acreditada en el proceso en ningún caso justificaba la reacción desplegada por los empleados de la demandada, ya que se le manifestó en todo momento, por las encargadas del grupo que los integrantes de la Compañía de Teatro eran en su totalidad mayores de edad y que sólo requerían la venta de comestibles y bebidas no alcohólicas, por lo que sólo corresponde calificar ese actuar como una negativa a la prestación de una venta o consumo, como asimismo, una discriminación arbitraria que se gestó desde el momento mismo que los usuarios se aprestaban a ocupar las mesas para ser atendidos, sin lograr su objetivo”, dice el fallo.

08 de Julio de 2009

Corte de Apelaciones de Santiago ordena pagar indemnización por envío erróneo a boletín comercial

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la empresa Metrogas S.A. a pagar una indemnización de $ 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) a una mujer cuyos antecedentes comerciales fueron enviados erróneamente al boletín comercial Dicom.
En fallo unánime (en causa rol 7967-2007), la Octava Sala del tribunal de alzada capitalino -integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Amanda Valdovinos Jeldes y el abogado integrante Eduardo Morales Robles- determinó que la empresa debe cancelar dicha suma a María Soledad Lara Santos.
Lara Santos, el 21 de febrero de 2002, compró una cocina marca Sindelen por un valor total de $123.700, pagadero en 12 cuotas de $11.469. Sin embargo, el 27 de febrero de ese mismo año se anuló la compra por falta de stock del producto, pero el pagaré no le fue devuelto.
El documento fue protestado por la empresa y los antecedentes remitidos al boletín de informaciones comerciales Dicom, entre el 24 de diciembre de 2001 y el 8 de junio de 2003. El 30 de junio de 2003, la empresa envió una carta a la mujer reconociendo la situación errónea al protestar el pagaré.
El fallo establece que se debe pagar indemnización por el perjuicio causado a la mujer debido a su permanencia en el boletín comercial lo que causa un menoscabo evidente.
“Que planteada de este modo la controversia, la demora excesiva en aclarar los hechos ha configurado una grave negligencia o descuido, constitutivo de culpa y ello necesariamente ha producido un perjuicio a la demandante. En efecto, no resulta necesario desarrollar la importancia o gravitación que tiene el Boletín Comercial en la vida económica y social de los chilenos, lo que significa un bloqueo y privación de acceso a los bienes que el mercado ofrece y, como se sabe, la mayoría lo realiza por medio del endeudamiento o compras a plazo, cuyo requisito básico es no figurar en dicho Boletín. Por eso, aunque la actora no probó en forma precisa los inconvenientes a que fue sometida, es indudable que su calidad de deudora morosa tuvo un correlato de desprestigio social y comercial que asume la representación de daño moral que debe ser indemnizado, conforme a un criterio prudencial a cargo del órgano jurisdiccional”, dice el fallo.

07 de Julio de 2009

Corte de Apelaciones de Santiago condena a empresa por no respetar derecho de retracto de consumidor

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la empresa Global Class Servicios Ltda. a pagar una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a $ 366.820, por no respetar el derecho a retracto de un consumidor, quien no quiso continuar con el servicio prestado.
En fallo unánime (en causa rol 4068-2009), los ministros de la Tercera Sala del tribunal de alzada Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Claudia Chaimovich, condenaron a la mencionada empresa por no respetar el derecho de Carlos Andrés López Ortega.
El consumidor contrató el servicio ofrecido por la empresa en una reunión promocional; sin embargo, luego pidió anular el compromiso, lo que no fue respetado por la empresa, la que, incluso, cobró la primera de 12 cuotas fijadas en el contrato.
El fallo determina que la empresa, que se dedica a la promoción de paquetes turísticos, actuó negligentemente al no hacer efectivo el derecho de retracto del consumidor.
“Que, en consecuencia, apreciando el mérito de autos en conformidad a las reglas de la sana crítica, como lo autoriza la ley ya mencionada, cabe tener por establecido que Global Class Servicios Ltda, denunciado en esta causa, ha actuado con negligencia causando menoscabo al consumidor, al no hacer efectivo el derecho de retracto válidamente ejercido por don Carlos López Ortega según denuncia de autos, suficientemente probada”, dice el fallo.
Además, la empresa deberá devolver íntegramente la cuota cobrada al consumidor y que fue cargada a una tarjeta de crédito debidamente reajustada conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha del cobro y el pago efectivo.

Corte de Chillán condena a banco por no cerrar oportunamente tarjeta de crédito y enviar antecedentes a boletín comercial

La Corte de Apelaciones de Chillán condenó al Banco BCI-Nova a pagar una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a $ 183.410, y una indemnización de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) por actuar negligentemente con una consumidora a la que no se le cerró oportunamente una tarjeta de crédito.En fallo dividido (en causa rol 35-2009), el tribunal de alzada de la Región del Bío Bío determinó que el mencionado banco debe pagar las sumas señaladas por violar el artículo 13 de la Ley de Consumidor, en el caso de Claudia Montero Céspedes.La mujer contrató en 2005 una tarjeta Visa con la mencionada entidad bancaria y, en enero de 2007, concurrió a cerrarla, porque se cambió a otra entidad; sin embargo, el cierre efectivo recién se produjo en noviembre de 2007. Además, en el periodo comprendido entre la solicitud de cierre y la caducidad efectiva, los antecedentes de la mujer fueron remitidos al boletín comercial Dicom por una supuesta deuda de poco más de $ 5.000 (cinco mil pesos) por una supuesta reactivación del instrumento que nunca se produjo.El fallo determina que el Banco BCI-Nova mantuvo una conducta negligente con la consumidora al no determinar el cierre oportuno de la tarjeta y tuvo una actuación deficiente al enviar los antecedentes al boletín comercial.“Que, por lo razonado precedentemente a juicio de estos sentenciadores, el Banco Nova incurrió en las infracciones contempladas en la Ley N° 19.496 en su artículo 12 que obliga a todo proveedor de servicios a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la prestación del servicio, ya que la demandada no prestó el servicio comprometido resguardando los intereses de la actora al enviar una información errónea de morosidad al sistema financiero, en relación con el cobro de una reactivación de tarjeta de crédito, que antes se había cerrado, lo que también constituye una infracción al artículo 23 de la misma ley, ya que existió también una actuación deficiente de la denunciada, en la calidad del servicio que prestó, al incluir a la denunciante injustificadamente como morosa en el sistema financiero, sin haber tomado los resguardos mínimos de seguridad, para que ello no hubiese ocurrido”, dice la resolución.El fallo acoge la demanda infraccional por daño moral a favor de la consumidora al considerar que sufrió daño o menoscabo por la notificación de la deuda inexistente, lo que provocó el bloqueo de otra tarjeta comercial en otra entidad bancaria y que no pudiera hacer efectivas compras con ese nuevo instrumento.“Que, es indudable en el caso sub lite, la conducta del Banco demandado al informar una deuda morosa de la demandante, doña Claudia Montero Céspedes, que no existía al sistema financiero, genera una natural preocupación y aflicción que la actora no tenía porque padecer, estado de ánimo que fue corroborado con las declaraciones de los testigos, que atribuyeron a la situación generada a raíz de la información errónea evacuada por el Banco demandado”, afirma la sentencia.

01 de Julio de 2009

3º Tribunal Oral declara culpable de cuasidelito de homicidio a siquiatra por suicidio de paciente

El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable de cuasidelito de homicidio al médico siquiatra Fernando Ibáñez Salgado por su responsabilidad en el suicidio de Eduardo Jorge Cattán Arza, acontecido el 4 de abril de 2006, en un centro asistencial privado.
En su deliberación, las juezas Isabel Mallada, Marcela Sandoval y Rossana Costa determinaron por unanimidad que “el día 01 de Abril de 2006 don Eduardo Jorge Cattán Arza fue internado en la Clínica Oriente S.A. ubicada en calle Cauquenes N°92 de la comuna de Ñuñoa a instancias de su médico psiquiatra tratante don Fernando Ibáñez Salgado por presentar un diagnóstico sindromático que consideró el riesgo suicida, sin que, al momento de realizar las indicaciones le dispusiera un cuidador personal que lo vigilara las 24 horas del día, minimizando los riesgos que más tarde se concretaron, por cuanto el día 04 de Abril de 2006 cerca de las 07:30 horas en la habitación N° 11 de la mencionada Clínica fue encontrado el cuerpo sin vida de aquél, quien se suicidó en horas de la madrugada, cerca de las 05:00 horas, colgándose del cuello por un soporte mural del televisor de la habitación con dos cinturones de pantalón de su propiedad, siendo la causa de muerte asfixia por ahorcamiento”.
A juicio de las sentenciadoras, “la omisión que se le reprocha por el Tribunal al acusado Ibáñez Salgado consistió en forma particular a la no disposición de una vigilancia permanente, apareciendo de su omisión las fases objetivas y subjetivas de la figura imprudente antes dicha, puesto que no obstante tratarse de una conducta médica con riesgo jurídicamente tolerado, ésta queda excluida por haberse apartado aquel de las pautas de comportamiento que le comunica la lex artis médica elevando considerablemente el riesgo letal y por consecuencia no disminuyendo ni minimizando las posibilidades de producirse el resultado”.
Asimismo, las juezas absolvieron de los cargos formulados por el Ministerio Público y la parte querellante al médico siquiatra y Director Técnico de la Clínica Oriente, Edgardo Moisés Thumala Piñeiro, y a la auxiliar de enfermería del centro médico privado, Gladys del Tránsito Barrera Muñoz. Además, las magistradas acogieron la demanda civil en contra de Fernando Ibáñez Salgado.
La audiencia de comunicación de condena quedó fijada para el domingo 12 de julio de 2009, a las 19.00 horas.

22 de Junio de 2009

Corte Suprema condena a empresa de Arica a reparar daño ambiental por emanaciones de acopios de plomo

La Corte Suprema ratificó que la empresa Sociedad Procesadora de Metales (Promel Ltda) debe cubrir completamente el acopio de residuos de plomo aledaños a la Villa Los Industriales IV de Arica que provocaron fuerte contaminación a los vecinos de la población.
En fallo unánime (rol 5813-2007) los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal del país Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda y Haroldo Brito ratificaron el fallo del Segundo Juzgado Civil de Arica y de la Corte de Apelaciones de esa ciudad (rol 681-2006) que habían determinado que la empresa debe cubrir con una capa de hormigón el mencionado acopio por el daño ambiental que provocan.
El fallo del máximo tribunal establece que la empresa debe reparar el daño ambiental causado por los acopios depositados desde el año 1997 en la Quebrada Encantada de Arica y que provocaron serios daños a los vecinos.
“Que como segundo capítulo de casación, se adujo que, no era factible acoger la demanda de reparación ambiental al no haberse demostrado que la demandada hubiere actuado con culpa o dolo, por cuanto en su oportunidad ella cumplió con la normativa vigente para la importación y procesamiento de los barros con contenidos minerales que internó al país, lo que no ha sido controvertido y se ha acreditado ampliamente con la prueba documental acompañada a los autos, no habiéndose establecido por el juez que haya actuado con dolo o culpa. De lo dicho, aparece que lo que en realidad cuestiona el recurrente es la falta de consideraciones de la sentencia en torno al tema del dolo o la culpa, sin embargo ello es más bien una alegación de carácter formal, ajena a un recurso de nulidad de fondo como el impetrado. Por lo demás, la sentencia ha establecido la responsabilidad de la demandada en los daños ocasionados al medio ambiente y la eventual prueba que pudiere demostrar lo contrario, no puede ser examinada por esta Corte al no haberse denunciado la violación de leyes reguladoras de la prueba, razón por la cual el capítulo en estudio debe ser desestimada”, dice el fallo del máximo tribunal.
Cabe recordar que el 30 de mayo del 2007 la Tercera Sala de la Corte Suprema (rol 3174-2005) condenó al Fisco de Chile a pagar una indemnización de $ 8.000.000 (ocho millones de pesos) para cada uno de los más de 350 habitantes de las villas Los Industriales IV y Cerro Chuño de Arica afectados por la contaminación provocadas por los residuos de plomo.

Corte Suprema condena a médico y enfermera de Hospital Regional de Concepción por negligencia

La Corte Suprema condenó a dos profesionales del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción a una pena de 61 días de presidio remitido por la muerte de un menor de edad al que se le administró mal un medicamento en el año 2001.
En fallo unánime (rol 5676-2008) los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller rechazaron los recursos de casación que condenaron a una médico y una enfermera del citado centro asistencial por cuasidelito de homicidio del menor Edgardo Torres Moreno.
El fallo establece que la enfermera Mariana Rabanal Carrasco y la doctora María Celis Bassigna son responsables por la muerte del niño, al que se le administró negligentemente una solución medicamentosa para el tratamiento de una leucemia linfoblástica.
De acuerdo al fallo, la enfermera preparó un solución compuesta por oncovin, netrotexato, aracytin y cidoten y se la suministró al menor de edad por vía intratecal en una sola inyección el 26 de junio de 2001, pese a que el primero de los medicamentos había sido indicado para su aplicación el día anterior y debía serlo por vía intravenosa.
“Que, en la especie, y como aparece del dictamen ad quem, los sentenciadores cumplieron expresamente con la decisión exigida y no han incurrido en la supuesta contradicción imputada, ya que la recurrente fue condenada como autora del cuasidelito de homicidio del menor Edgardo Torres Beltran, previsto en el artículo 491 y sancionado en el numeral uno del artículo 490 del Código Penal, según se infiere de la lectura del fundamento tercero del fallo del a quo, precisándose en el razonamiento décimo tercero que existió por su parte “negligencia culpable” en el desempeño de su profesión, toda vez que “uno de los deberes del profesional médico es el de protección del paciente, entendiendo por tal, la obligación de procurar emplear en la ejecución de su prestación los medios y conductas idóneas para el fin que se persigue, en términos que no causen un daño, de lo que se desprende que esta profesional responde por los medicamentos que suministra al paciente”, razonamiento que el tribunal de alzada mantuvo en su veredicto, sin perjuicio de catalogar su obrar como culpable, al existir una manifiesta falta de cuidado y diligencia en la administración del procedimiento intratecal al menor ofendido al no comprobar la profesional Celis que los medicamentos que debían serle proporcionados en ese momento correspondieran exactamente a los que debían aplicársele, de modo que lo que hizo el órgano de apelación fue únicamente complementar o darle mayor contenido a lo ya establecido, y por ende, sí existe decisión del asunto controvertido en los términos que establece el ordinal séptimo del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal”, dice el fallo respecto de la doctora.

16 de Junio de 2009

Corte Suprema acoge recurso de protección presentado por utilización de imagen no autorizada de internet

La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por un fotógrafo aficionado, quien acusa a una empresa electrónica de utilizar, sin autorización, una fotografía que publicó en un sitio personal de internet.
En fallo unánime (causa rol 2506-2009), los ministros Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Sonia Araneda y los abogados integrantes Luis Bates y Guillermo Ruiz, acogieron el recurso presentado por Christian Caroca Rodríguez en contra de la empresa Electrónica Sudamericana Limitada, la que distribuye los soportes electrónicos Fujitel.
El joven concurrió a comprar un audífono de la citada marca cuando apreció que en la publicidad se exhibía una imagen suya que él había publicado en el sitio web y que había captado en su actividad de fotógrafo aficionado y de estudiante de comunicación audiovisual.
El fallo estableció que se vulneró el derecho a la propia imagen al utilizar las citadas fotografías sin autorización, por lo que la empresa incurrió en un comportamiento ilegal y arbitrario.
“Que cabe, a este respecto, señalar que la circunstancia de haber la persona mencionada subido su fotografía a la red, espacio público en que era observable por quien accediera al sitio donde ella se exhibía, no puede entenderse como una renuncia de la disponibilidad sobre la misma por parte de su titular, traducida en una autorización tácita para su utilización por parte de terceros, máxime cuando ello se realiza con una finalidad lucrativa.Que el uso no autorizado de la imagen propia, en condiciones como la que se viene de señalar conduce necesariamente a abordar el tema de la protección jurídica del derecho correspondiente, cuando con su vulneración resulta agraviado el titular del mismo en su interés patrimonial”, dice el fallo.
El fallo ordena que la empresa se abstenga de continuar utilizando en la publicidad las imágenes de propiedad del recurrente.

12 de Junio de 2009

Corte de Apelaciones de Santiago condena a concesionaria por daños provocados en accidente

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la concesionaria Autopista del Maipo a pagar una indemnización de casi $ 9.000.000 a los integrantes de una familia, quienes sufrieron serias lesiones producto de un accidente generado por la presencia de un fierro en la carretera.
En fallo unánime (causa rol 9196-2006), la Séptima Sala del tribunal de alzada capitalino -integrada por el ministro Cornelio Villarroel, la fiscal judicial Loreto Gutiérrez y el abogado integrante Enrique Pérez- determinó que la concesionaria debe pagar, por diversos conceptos, a tres integrantes de la familia Moya Acevedo.
La sentencia determina que la operadora de la vía es responsable civilmente por falta de servicio al no prever la posibilidad de que camiones con su carga mal estibada desprendan parte de esta en la ruta y provoquen accidentes, como fue el caso del trozo de fierro, de 4 metros de largo, que produjo el accidente que causó lesiones al grupo familiar el 27 de junio de 2004.
“La experiencia, la cual demuestra que habitualmente las empresas transportistas cuyos camiones circulan a lo largo de nuestro país, no adoptan el debido cuidado con la carga que transportan; todo lo cual hace que un accidente de esta naturaleza sea plenamente previsible, es decir que con mediana inteligencia y cuidado es perfectamente posible prever que ingresarán a la autopista camiones con su carga mal estibada, sin haber adoptado las precauciones necesarias. Y es ese conocimiento, hecho público y notorio que no corresponde al deber ser sino que a la realidad fáctica, lo que permite sostener que la sociedad concesionaria debe adoptar medidas preventivas pertinentes, o sea, vigilancia adecuada al momento de ingresar a la autopista camiones con carga que no vaya bien instalada en tales vehículos. Es por ello que el hecho de que caiga de un camión un artefacto como el del caso en análisis, no es un hecho imprevisible; por lo que al no darse el requisito de imprevisibilidad del caso fortuito, esta argumentación deberá ser desestimada”.
El fallo establece que la concesionaria debe cancelar los montos que se indican en contra de las personas lesionadas.
Gabriel Moya Acevedo:
$ 473.637 por concepto de daño directo.
$ 1.500.000 por concepto de daño emergente.
$ 350.000 por concepto de lucro cesante.
$ 2.000.000 por concepto de daño moral.
Catalina Moya Carvajal:
$ 473.637 por concepto de daño directo
$ 2.000.000 por concepto de daño moral.
Yolanda Carvajal Reveco:
$ 473.637 por concepto de daño directo
$ 2.000.000 por concepto de daño moral.
En primera instancia, el Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago había desestimado el pago de la indemnización al considerar que no existía responsabilidad de la empresa por tratarse de un hecho fortuito.

04 de Junio 2009

Corte Suprema condena a médico por error en intervención quirúrgica

La Corte Suprema ratificó la condena a 61 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional, y el pago de una indemnización de cerca de $35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos) a un médico que cometió un error durante una intervención de cirugía plástica.
En fallo unánime (en causa rol 4158-2008), los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Luis Bates, rechazaron el recurso de casación presentado por la defensa de José Zarhi Troy.
El médico fue condenado por la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 6974-2005) a la pena de 61 de reclusión menor en su grado mínimo, por su responsabilidad como autor del delito culposo de lesiones graves en perjuicio de Manuela Eliana del Carmen Martínez Arévalo, cometido, el 10 de enero de 1995, en Santiago.
Además, el médico deberá pagar la suma de $4.423.614 (cuatro millones cuatrocientos veintitrés mil seiscientos catorce pesos) a título de daño emergente, y $30.000.000 (treinta millones de pesos) por daño moral en favor de la víctima.

01 de Junio de 2009

Restricción horaria en pubs de Vitacura

La Corte Suprema ratificó el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago que anuló la ordenanza dictada por Municipalidad de Vitacura que establecía una restricción para el funcionamiento de pubs y restaurantes de la comuna.
En fallo unánime (causa rol 2963-2009), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda y el abogado integrante Guillermo Ruiz, confirmaron la decisión dictada el 25 de marzo pasado por la Cuarta Sala del tribunal de alzada.
En esa fecha, la Corte de Santiago (rol 862-2008) en decisión dividida había determinado que la restricción establecida por el municipio fue arbitraria e ilegal. “Que la Ordenanza Municipal impugnada, al restringir ilegalmente el horario de funcionamiento de los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas en las categorías que señala, ha afectado el derecho de los recurrentes a desarrollar una actividad económica lícita que vienen ejecutando, en algunos casos, desde hace largo tiempo y respecto de la cual han obtenido la correspondiente autorización municipal, lo que permite presumir que cumplen con las normas legales vigentes. Lo anterior constituye una perturbación o amenaza del derecho, que el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política asegura a todas las personas, a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, a lo que se suma la perturbación o amenaza del derecho de propiedad de los recurrentes en cuanto al respeto del estatuto que les es aplicable, cuya infracción tiene evidentes consecuencias patrimoniales; agravio de derechos fundamentales que obliga a esta Corte a tomar las medidas de cautela necesarias tendientes a evitar o reparar el mal causado”, argumentaron en su oportunidad los ministros de la Corte de Santiago que acogieron el recurso.

Corte de Apelaciones de San Miguel condena a pagar multa colegio que obligaba a apoderados a cancelar colegiatura con tarjeta de crédito
La Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a la multa de tres Unidades Tributarias Mensuales (UTM) al Colegio Instituto San Pablo Misionero de la comuna de San Bernardo, establecimiento que obligó a los apoderados a pagar con la tarjeta de crédito de un banco la mensualidad escolar.
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel (en causa rol 354-2009) revocó la sentencia del 7 de enero del 1º Juzgado de Policía Local de San Bernardo, apelada por el Sernac, por considerar que: “consecuencialmente, la actuación de la institución denunciada al no respetar los términos y condiciones pactadas con el consumidor en la prestación de servicios educacionales, altera precisamente el debido ejercicio de los derechos básicos de aquel en orden a la libre elección de los servicios a contratar, desde que para los efectos del pago de la colegiatura impone el uso de una tarjeta bancaria”.
Las mensualidades del establecimiento sólo podían ser canceladas con tarjeta de créditos del Banco del Desarrollo, ya que según el colegio, era el único medio por el cual se podía realizar la transacción. Pero según el Sernac, en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 2008 -suscrito entre el Colegio y los apoderados- se expresaba que “se obliga a pagar diez cuotas mensuales a contar de marzo de 2008, a través de las tarjetas de créditos, no obstante se puede extraordinariamente acordar otra modalidad de pago con el administrador del colegio’’.
La Tercera Sala estuvo integrada por los ministros Roberto Contreras Olivares, María Stella Elgarrista y el abogado integrante Jaime Jara Miranda.

19 de Mayo de 2009

Corte de Apelaciones de Santiago ordena a casa comercial pagar multa por no respetar publicidad de promoción
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la empresa Efectivo S.A. (administradora de la tarjeta de la tienda Johnson’s S.A.) a pagar una multa de 50 UTM (Unidades Tributarias Mensuales), equivalentes a $ 1.839.600 (un millón ochocientos treinta y nueve mil seiscientos pesos), por no respetar una promoción al adquirir un avance de dinero en efectivo.
En fallo dividido (en causa rol 3296-2009), los ministros de la Sexta Sala del tribunal de alzada capitalino Alfredo Pfeiffer, Jorge Zepeda y Mario Rojas determinaron que la empresa debe pagar la mencionada multa a beneficio fiscal por infringir la Ley del Consumidor ofreciendo publicidad engañosa o poco clara.
La sentencia de mayoría de los ministros Zepeda y Rojas determina que la administradora de la tarjeta no respetó la promoción en el caso del consumidor Germán Rojas Ordoñez, quien solicitó un avance en efectivo de $ 800.000 (ochocientos mil pesos) y una pantalla LCD de 19 pulgadas por $ 1.990 adicionales.
La resolución determina que la promoción publicitada como “Solicita tu Súper Avance de hasta $ 1.200.000 y llévate este espectacular televisor LCD 19’’ a sólo $ 1.990 en 36 pagos” es poco claro al no determinar si el pago por la promoción es único o un recargo en el empréstito.
“Que, como se advierte de lo consignado y particularmente, del propio aviso, los avisos que aluden al préstamo que se promueve expresan, como puede entenderlo cualquier persona, que al solicitar lo que se denomina por la denunciada un súper avance se puede llevar un televisor del tipo LCD de 19 pulgadas, a sólo $1990, o bien la misma suma, pero en 36 pagos. Habría que tener un entendimiento muy agudo para llegar a una conclusión única, en cuanto a que se trata de 36 cuotas de $1.990 cada una.
Eso es lo que puede desprenderse del referido aviso, y al plantear la empresa denunciada que el cliente que quería optar por la promoción debería pagar un adicional, lo que el denunciante no habría hecho, no sólo no desvirtúa el mérito de la denuncia, sino que la hace aún más manifiesta, al agregar otro requisito que ni siquiera estaba anunciado”, dice el fallo.
Y agrega que “al analizar, entonces, los datos contenidos en la documentación relativa a la promoción esta Corte advierte que es claramente inductiva a engaño, y extremadamente confusa, confusión que aumenta la denunciada en sus descargos, cuando afirma que, además, el cliente debía solicitar acceder a la misma, lo cual no se compadece con el tenor de los referidos documentos, que nada dicen al respecto. *Por lo tanto, se trata de un caso en que el engaño en la publicidad es más que patente, por lo que puede concluirse que efectivamente existió infracción a los artículos 28 letra c) y 35 del texto legal antes mencionado, siendo la infracción palmaria, por lo que la denuncia se encuentra en condiciones de prosperar”*.
El ministro Pfeiffer fue partidario de no establecer el pago de la multa ratificando la sentencia del Segundo Juzgado de Policía Local de Santiago, el que había negado la sanción.

04 de Mayo de 2009

Corte de Apelaciones de Santiago condena a aerolínea por pérdida de equipaje

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la línea aérea American Airlines a pagar una indemnización de poco más de cinco millones de pesos a pasajero que realizó un viaje en la mencionada empresa, extraviando su equipaje en el trayecto Santiago-Aruba-Miami.
En fallo unánime (en causa rol 130-2007), la Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino condenó a la aerolínea a pagar la suma total de $ 5.038.786 (cinco millones ochenta y tres mil setecientos ochenta y seis pesos) a Alberto Albala Weissmann, quien en febrero de 2004 realizó un viaje Santiago-Miami-Aruba-Miami.
Los ministros Juan Escobar, Adelita Ravanales y el abogado integrante Rodrigo Asenjo establecieron que la empresa es responsable del extravío de acuerdo a los preceptos del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas relativas al Transporte Aéreo Internacional, de Varsovia.
“Que establecido como quedó que la pérdida del equipaje del actor se produjo, obrando la demandada con la culpa calificada que exige el artículo 25 del Convenio de Varsovia, para responder sin el límite del artículo 22 del mismo texto, cabe determinar la existencia y monto de los daños”.
En ese marco los magitsrados establecieron que se debe cancelar $ 2.038.786 (dos millones ochenta y tres mil setecientos ochenta y seis pesos) por concepto de daño emergente por la pérdida del equipaje, que además contenía medicamentos para el tratamiento de una enfermedad que padecía el demandante y $ 3.000.000 (tres millones de pesos) por concepto de daño moral a raíz de la aflicción que experimentó el afectado.

28 de Abril de 2009

Corte Suprema condena a inmobiliaria propietaria de cementerio a pagar indemnización por falta de servicio

La Corte Suprema ratificó que una inmobiliaria propietaria de un cementerio debe pagar una indemnización por falta de servicio al no proporcionar oportunamente la sepultura a una persona cuyos familiares habían contratado la mencionada prestación.
En fallo unánime (en causa rol 5713-2007), la Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Benito Matriz, rechazó el recurso de casación presentado en contra de un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la que sentenció a la inmobiliaria Parques del Norte S.A. a cancelar la indemnización por daño moral.
El fallo ordena pagar $2.000.000 (dos millones de pesos) a Ricardo del Rosario, José Francisco, Patricia de las Mercedes, Fernando Abraham, Nelly del Carmen, Gloria de Lourdes, Julia de las Mercedes; Carlos, Marta del Pilar y Adelita del Pilar Astudillo Silva, quienes contrataron un servicio en 1996 en el Cementerio Cobija –actual Parque El Loa- de Calama, pero al momento de sepultar a su madre en 2005 no se realizó el entierro.
La difunta permaneció insepulta dos días (el 19 y 20 de mayo de 2005), lo que según la opinión del juez de primera instancia, Gerardo Mena Edwards, del Segundo Juzgado Civil de Calama, causó aflicción en las víctimas.
“Que la aflicción psíquica está representada por el hecho de haber dilatado el entierro de la difunta Nélida del Rosario Silva Gahona, que debieron soportar sus hijos, quedando sus restos expuestos por un tiempo determinado, esperando que la sepultura tuviera la profundidad suficiente para efectuar el entierro, hecho que indudablemente provoca un sufrimiento y una presión psicológica que, a la luz del artículo 2.314 del Código Civil, por tratarse de un hecho ilícito, debe ser indemnizado y, dadas las circunstancias, aceptadas por las partes, en cuanto a la forma como se produjo la demora de la sepultación”, dice el fallo de la Corte de Antofagasta.
Agrega que “la falta de cuidado está representada por la poca diligencia que empleó el demandado para dar cumplimiento a las prestaciones que se había obligado y que el Código Civil la denomina culpa leve o descuido leve o ligero en el artículo 44, desde que la conducta desplegada por éste demuestra la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios al no tener habilitada la sepultura en las dimensiones que se había comprometido en el año 1996, lo que obviamente causó un perjuicio psicológico a los demandantes”.

23 de abril de 2009

Corte Suprema condena a Servicio de Salud de Viña del Mar a pagar indemnización por muerte de paciente

La Corte Suprema condenó al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota a pagar una indemnización de $ 80.000.000 (ochenta millones de pesos) a la familia de un paciente que fue víctima de negligencia médica en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.
En fallo unánime (en causa rol 2067-2008), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Haroldo Brito y el abogado integrante Arnaldo Gorziglia, rechazaron el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (rol 2737-2006), la que había condenado al pago a los familiares de J. S. Z.
La víctima fue internado el 3 de mayo de 1999 en ese centro asistencial con el diagnóstico de una hemorragia digestiva y falleció cuatro días después por una hemorragia masiva, atribuible al síndrome Mallory Weiss.
“Que habiendo quedado establecido que en la atención profesional prestada por funcionarios del servicio demandado hubo una dilación injustificada sin que se le hubiese prestado una atención médica adecuada, según se desprende del informe del Servicio Médico Legal de fojas 93 remitido en fotocopia no objetada y su ampliación que fuera guardada en custodia a fojas 154, este hecho es constitutivo de una falta de servicio en los términos que se han expuesto en el fundamento anterior y, por lo tanto hace responsable al servicio de salud demandado de la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por los actores, por tener el deber legal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del D.L. 2763 de articular, gestionar y desarrollar la red asistencial correspondiente para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las personas enfermas, como quiera que esa falta de servicio tiene vinculación causal directa con el resultado de muerte producido”, dice el fallo de la Corte de Valparaíso.

19 de Marzo de 2009

Corte de Apelaciones de Puerto Montt acoge recurso de protección presentado por trabajadores en contra de estudio de abogados
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió un recurso de protección presentado por un grupo de personas en contra de un estudio jurídico de esa ciudad que publicó en su página web un listado de trabajadores que han presentado demandas en contra de empresas de la zona.
En fallo dividido (en causa rol 27-2009), los ministros María Teresa Mora, Hernán Crisosto y el abogado integrante Pedro Campos, acogieron la presentación realizada por el grupo de trabajadores y dirigentes sindicales, quienes consideraron que el Estudio de Abogados Schirmer Asociados S.A. violaba sus derechos fundamentales, al publicar en su página web una serie de listados con personas que habían presentado demandas laborales.
El estudio argumentaba que los listados eran similares a los que publicaba la página web del Poder Judicial; sin embargo, los magistrados consideraron no se podía asimilar, ya que la nómina del estudio consigna los nombres y rut de los trabajadores.
“En consecuencia, la publicación de tal información, en su página web, sea de acceso público o restringido a sus clientes -principalmente empresarios de la industria de pesca y salmonicultura- es un acto arbitrario, por cuanto con su actuar la sociedad de abogados recurrida, perturba la libertad de trabajo de los recurrentes al publicitarlo una verdadera “lista negra” de empleados y operarios, que han demandado a sus empleadores o han sido objeto de querellas por parte de estos, actuación que aparece revestida de una caprichosa intencionalidad de poner sobre aviso a sus clientes, sobre el nombre de potenciales trabajadores conflictivos, lo que no puede tener otra finalidad que desincentivar su contratación, amagando en definitiva el derecho de estos a optar a un trabajo en igualdad de condiciones con los demás postulantes, en otras palabras amagándose su libertad de trabajo y el derecho a la libre elección y contratación”, dice el fallo.
Asimismo, se ordena al mencionado estudio bajar la información de la red: “Se acoge, con costas, el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 11, en contra del Estudio Jurídico, sociedad “Schirmer y Asociados S.A” representado por don Ronald Schirmer Prieto, y en consecuencia se le ordena eliminar de su página web, ya sea en su modalidad de libre acceso público o acceso con clave reservada, toda lista que tenga por finalidad directa, publicitar una lista de trabajadores que han demandado a su empresas o que han sido querellados por esta”.
La decisión fue respaldada por los ministro Mora y Crisosto y con la opinión contraria del abogado Pedro Campos.

12 de Marzo de 2009

Corte Suprema rechaza recurso de casación y condena a banco pagar indemnización a cliente

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por el Banco Edwards en contra de un fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que lo condenó a pagar $7.900.000 (siete millones novecientos mil pesos), más reajustes e intereses y las costas del proceso, por pagar un cheque pese a que el documento tenía firme disconforme.
La decisión unánime (en causa rol 167-2009) de la Primera Sala -integrada por los ministros Milton Juica, Juan Araya, Pedro Pierry, Guillermo Silva y el abogado integrante Jorge Medina- condena a la institución bancaria tras la acción interpuesta por Comercial Automotriz Coadig Ltda, de la ciudad de Curicó.
El máximo tribunal del país ratificó de esta forma el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca (rol 61496-2002) que, el 17 de octubre de 2008, había condenado a la entidad bancaria por infringir la Ley de Bancos al pagar el documento, pese a que registraba firma disconforme.
“Siendo la firma del cheque visiblemente disconforme, el banco debió haberse abstenido de pagarlo; como no lo hizo, incumplió el deber que le impone la citada ley, provocando perjuicio al actor, al entregarle al portador del mismo, la suma de $ 7.900.000 con cargo a la cuenta corriente bancaria de aquél”, dice el fallo de la corte de Talca.
Agrega que: “Dentro del contexto de lo ocurrido, hay que tener en cuenta que el pago se produjo en una sucursal diferente a la del librado; que el cheque no llevaba el timbre de la Comercial Automotriz Coadig Limitada que, generalmente se estampaba junto a la firma del girador; que el documento es por una alta suma de dinero, que excedía el cupo y el crédito pactado, y que se pagó sin previa consulta al titular, fuera de la costumbre aplicada normalmente sobre el particular; y que aquello no motivó, en defecto de lo anterior, el consecuente protesto por falta de fondos”.
El citado documento había sido sustraído de la sucursal de la Comercial Automotriz Coading en Curicó y cobrado en la sucursal del banco ubicada en calle Los Leones, de la Región Metropolitana.

28 de Enero de 2009

Corte Suprema ordena a inmobiliaria y constructora reparar daños en espacios comunes de edificio
La Corte Suprema condenó a empresas cancelar una indemnización a los copropietarios de un edificio de departamentos cuyas áreas comunes resultaron con diversos daños, producto de serias deficiencias en la construcción.
En fallo unánime (en causa rol 6011-2007), los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Margarita Herreros, Pedro Pierry y los abogados integrantes Óscar Herrera y Hernán Álvarez, condenaron a la Inmobiliaria Puangue y la empresa Ingeniería y Construcción Icafal Ltda. a pagar una indemnización solidaria de 3.911 Unidades de Fomento (equivalentes a $ 83.260.262), a los propietarios de la Comunidad Edificio Colonial, ubicado en General Mackenna 254, cerro Yungay, Valparaíso.
Las áreas comunes (estacionamientos, plazas, escaleras) presentan serios daños desde la fecha de construcción (1997), por lo que el fallo del máximo tribunal establece la responsabilidad del primer vendedor, de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcción.
“Que en los términos del artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones el propietario primer vendedor responsable del inmueble adquirido por los demandantes, Inmobiliaria Puangue Ltda., es entonces responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en la construcción, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes sean responsables de las fallas o defectos que hayan dado origen a los daños o perjuicios. En lo relativo al incumplimiento de la constructora Ingeniería y Construcción Icafal Ltda., también responsable conforme a la norma recién invocada, éste se encuentra acreditado al tener en consideración que los defectos que se han establecido en la motivación vigésimo tercera, no pueden sino deberse a la incorrecta ejecución de las obras efectuadas por su parte”, dice el fallo. Y agrega: “Que en razón de los hechos establecidos en el motivo vigésimo tercero es posible concluir que ha existido incumplimiento de las obligaciones de las demandadas en orden a entregar el inmueble sin los defectos ni fallas que en dicho razonamiento se han consignado, en términos tales que le permitiese prestar la utilidad que fue buscada por los compradores al momento de contratar a su respecto, otorgando a éste su uso y goce efectivo, entendiendo para ello indispensable el previo cumplimiento de los estándares básicos de tipo técnico de diseño y construcción, exigidos por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y por la Ordenanza General que contiene sus disposiciones reglamentarias”.

27 de Enero de 2009

Corte Suprema ordena a inmobiliaria pagar indemnización por daños en departamentos

La Corte Suprema condenó a una empresa inmobiliaria a pagar indemnizaciones por daño moral y daño emergente a 19 copropietarios de departamentos de un edifico de la ciudad de Antofagasta, cuyas viviendas tienen serias deficiencias de construcción en los ductos de evacuación de gases y de suministro de agua potable.
En fallo unánime (rol 5905-2007) la Primera Sala del máximo tribunal del país integrada por los ministros Milton Juica, Sergio Muñoz, Margarita Herreros, Juan Araya y el abogado integrante Hernán Álvarez condenaron a la empresa Inmobiliaria Terranorte a pagar $1.000.000 (un millón de pesos) a cada demandante por daño moral y $ 10.450.000 (diez millones cuatrocientos cincuenta mil pesos) como suma total y única por daño emergente en los departamentos ubicados en el Edificio Hibiscos II de Antofagasta.
El fallo establece la responsabilidad de la inmobiliaria como primer propietario de las viviendas de acuerdo a las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcción, desestimando los argumentos en torno a que la acción se debe rechazar porque la entrega se hizo conforme a la recepción de obras realizadas por la municipalidad respectiva.
“Que además conviene tener presente que los efectos jurídicos de la recepción municipal, no constituyen un abanico protector para los dueños o responsables de una obra construida, lo que se desprende del artículo 144 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ya que el Director de Obra debe revisar únicamente el cumplimiento de las normas urbanísticas aplicable a la obra conforme al permiso otorgado y en esa virtud efectúa la recepción. Es más, en la misma solicitud debe acompañarse un informe del arquitecto y revisor independiente quienes deben certificar que las obras se han ejecutado de acuerdo al permiso otorgado, distinto es el caso de los edificios de uso público, porque allí se exige, según el artículo 143 de la misma Ley, una inspección técnica, independiente del constructor, encargada de fiscalizar que la obra se ejecute conforme a las normas de construcción aplicables en la materia y al permiso de construcción aprobado, y que no corresponde aplicar en el presente juicio.”, dice el fallo.
21 de Enero de 2009

Corte Suprema ratifica que colegio debe pagar indemnización por agresión sufrida por alumno al interior de establecimiento

La Corte Suprema confirmó que un colegio deberá cancelar una indemnización por daño moral a una madre cuyo hijo sufrió una golpiza al interior del establecimiento educacional.

En fallo unánime (causa rol 6819-2007), la Primera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, Juan Araya, Haroldo Brito, Guillermo Silva y el abogado integrante Óscar Carrasco- ratificó que la Corporación de Estudios, Capacitación y Empleo de la Cámara de la Producción y el Comercio de Concepción, sostenedora del Liceo Industrial de la capital de la Región del Bío Bío, debe cancelar $ 2.000.000 (dos millones de pesos) a Jacqueline Elizabeth Henríquez Torres.

El hijo de la mujer, Claudio Sáez Henríquez, estudiante de Tercero Medio en el Liceo Industrial de Concepción a la época de los hechos, el 31 de mayo de 2002, fue objeto de una agresión al interior del establecimiento de parte de un compañero, lo que le causó una serie de lesiones por lo que fue atendido en una clínica de esa ciudad.

El fallo del máximo tribunal rechaza el recurso de casación presentado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción (rol 1914-2006), que estableció el pago antes señalado al establecer la responsabilidad extracontractual del establecimiento por la falta de servicio, al no dar atención al menor agredido.

“Que si bien en la responsabilidad contractual se responde por los daños que se producen con ocasión del incumplimiento por una parte de alguna de las obligaciones contenidas en el contrato, debe entenderse que en el hecho o culpa del deudor se comprende también la culpa de las personas por quienes responde, como lo dispone el artículo 2320 del Código Civil. Así los jefes de colegio responden de los daños que causen sus discípulos en razón de que concurren al daño en virtud de una relación causal que la misma ley describe. En este caso, según Pablo Rodríguez Grez, ‘no se responde de la conducta ajena, sino de la conducta propia, al dejar de ejercer el control, fiscalización u cuidado que le asigna la ley’ (Responsabilidad extracontractual, pág.33)”, dice el fallo del tribunal penquista.

16 de Enero de 2009
Corte Suprema ratifica devolución de dineros retenidos por crédito universitario

La Corte Suprema ratificó que la Universidad Católica de Valparaíso -o la Tesorería General de la República- debe reintegrar los dineros correspondientes a la operación de devolución de impuestos del año 2007 retenidos a un abogado por concepto de crédito universitario.
En fallo unánime (en causa rol 5293-2008), la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Sonia Araneda y los abogados integrantes Ricardo Peralta y Juan Carlos Cárcamo, ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (causa rol 296-2007) que había acogido el recurso de protección presentado por Emilio Balmaceda Jarufe.
El fallo del tribunal de alzada ordenó a la Universidad Católica de Valparaíso o la Tesorería General de la República reintegrar un total de $ 727.214 (setecientos veintisiete mil doscientos catorce pesos), retenidos de la declaración de impuestos de 2007.
El dictamen se basa en un fallo del Tribunal Constitucional que declaró inaplicable en este caso la norma que autoriza la retención de impuestos por las deudas del Fondo Solidario de Crédito Universitario que manejan este tipo de procesos.
“Que consecuentemente, tanto el acto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso cuanto el de la Tesorería General de la República se realizó conforme a una norma que ha sido declarada inaplicable, para este caso, por inconstitucionalidad vulnerando derechos de aquellos que protege la Constitución Política de la República en el artículo 20 de la misma al retenerse por Tesorería de la devolución anual de impuestos que correspondía al recurrente, para pagar un crédito del Fondo Solidario de Crédito Universitario con la sola información que el Administrador del mismo proporcionó a dicho Servicio, y lo remitió a este último, sin más trámite, como se anotó”, dice el fallo del tribunal de alzada de Valparaíso

09 de Enero de 2009
Corte Suprema ratifica multa a AFP por presentar estados financieros maliciosamente subvalorados

La Corte Suprema condenó a Planvital a pagar una multa de 500 Unidades de Fomento (equivalentes $ 10.723.170) por haber presentado a la Superintendencia de AFP estados financieros maliciosamente subvalorados e inconsistentes en 2005.
En fallo unánime (rol 6144-2007) los ministros de la Tercera Sala Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Haroldo Brito y el abogado integrante Ismael Ibarra acogieron el recurso de casación presentado por la Superintendencia en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que anuló la sanción aplicada por la autoridad fiscalizadora.
El fallo de la Corte Suprema sostiene que la mencionada AFP infringió la normativa al declarar ante la Superintendencia que a 30 de junio de 2005 presentaba utilidades ascendientes $ 865.444.000, en circunstancias que, a esa fecha, acumulaba una pérdida superior a $ 4.703.000.
“Que en la determinación de esos estados financieros, manifiestamente incorrectos en los rubros indicados, la A.F.P. Planvital S.A. no se ciñó al procedimiento contenido en la circular N° 1.235 del año 2002 y en el oficio N° 1.886 de 25 de enero de 2005, ambos de la Superintendencia, expedidos en ejercicio de las atribuciones que a ésta le confieren los artículos 94 N° 6 del D.L. N° 3.500 de 1980 y 3° letra o) del D.F.L. N° 101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que constituye el Estatuto Orgánico de la Superintendencia de A.F.P”, dice el fallo del máximo tribunal.
08 de Enero de 2009
- Corte Suprema condena a banco a restituir depósitos de cliente que fue afectado por fraude
  
  La Corte Suprema ratificó que el Banco de Chile debe restituir el dinero de dos depósitos, uno en pesos y otro en dólares, además de pagar una indemnización por daño moral a una clienta cuyos dineros depositados en la institución fueron retirados ilícitamente por un tercero.
  En fallo unánime (en causa rol 5814-2007), los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal Milton Juica, Sergio Muñoz, Margarita Herreros, Juan Araya y el abogado integrante Hernán Álvarez, rechazaron el recurso de casación presentado por la entidad en contra de la sentencia (408-2006) que ordenó realizar los pagos a María Eugenia Orozco López.
  El padre de la mujer, Pedro Orozco Serrano, mantenía desde hace años depósitos por $ 16.661.383 y US$ 16.830 en la sucursal de Talca del banco, pero en febrero de 2004 los montos fueron retirados, maliciosamente, desde la sucursal de Quillota de la misma entidad por una persona que se identificó como Manuel Hernán Millán Molina, quien no tiene relación con los depositantes.
  El fallo establece que, además de reintegrar los montos depositados más reajustes, el Banco de Chile deberá pagar la suma de $ 2.000.000 (dos millones de pesos) a la mujer como indemnización por el daño moral provocado y cancelar las costas del proceso.
  La sentencia determina que el Banco de Chile incumplió con su deber al no restituir los dineros al cliente al momento de ser defraudado, pese a haber sido víctima de un hecho ilícito por parte de la persona que cometió el fraude.
  “Que sin perjuicio de lo señalado y sólo a mayor abundamiento, cabe reparar que, tal como se manifestó en las sentencias de primera y segunda instancia, el incumplimiento contractual en que incurrió el demandado Banco de Chile consistió, en el caso sub lite, en la circunstancia de haber reclamado los efectos de los actos ilícitos de los cuales fue víctima, en la persona del tomador de los depósitos, absteniéndose de restituir a aquél en la época convenida los dineros que le fueron entregados en depósito, trasladando de este modo, las consecuencias de una situación fáctica indebida que lo perjudicó en su propio patrimonio, al peculio de un tercero, que si bien se encontraba ligado a la institución bancaria a raíz de la contratación de dos depósitos de ahorro y, eventualmente de otros servicios financieros, no participó de modo alguno en la maquinación fraudulenta orientada a causar la transferencia financiera, siéndole, por ende, dichos actos inoponibles”, dice el fallo.
- Corte Suprema ratifica multa aplicada por Servicio de Salud de Valdivia a planta de celulosa
La Corte Suprema ratificó que la empresa Celulosa Arauco Constitución debe cancelar una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales (equivalentes a $ 7.522.880), por problemas detectados por el Servicio de Salud de Valdivia en las operaciones de la planta ubicada en San José de la Mariquina.
En fallo unánime (en causa rol 3566-2007), la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Adalis Oyarzún, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Rafael Gómez- ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia (rol 1038-2006) que validó una multa aplicada por la autoridad tras la realización de un sumario sanitario.
En el proceso quedó acreditado que:
1.- Las operaciones de calibración de la medición de gases TRS en la caldera recuperadora de la Planta Valdivia sufrieron intermitencia, no ajustándose a la normativa reglamentaria;
2.- La empresa no entregó la información en línea y en tiempo real de las mediciones de gases TRS a partir del 18 de junio de 2004, como lo dispuso la resolución Nº 581/2004.
“Que como corolario de lo anterior, el recurrente sostiene que se infringen también los artículos 162, 163, 166, 167 y 171 inciso segundo y 174 inciso primero, todos del Código Sanitario en cuanto estas normas regulan el ejercicio de la potestad sancionadora en el denominado procedimiento administrativo, que se ha desconocido por el fallo impugnado, en el que se dejó establecido la efectividad de los hechos y en el cual consta el reconocimiento de la propia reclamante. Encontrándose, entonces, demostrados los presupuestos fácticos de la infracción por la cual se sanciona a la reclamante, nunca pudo ser absuelta de esos cargos por los jueces de segundo grado sin incurrir en error de derecho”, dice el fallo.

06 de Enero de 2009
Corte de Santiago condena a supermercado por robo de vehículo en estacionamiento
El fallo establece que los estacionamientos son partes integrantes del servicio prestado, por lo tanto la empresa es responsable por los daños que sufran los vehículos que quedan detenidos en la zona, mientras los consumidores concurren al recinto.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la empresa Hipermercado Alameda Ltda. a cancelar una multa de 25 Unidades Tributarias Mensuales (equivalentes a $ 940.350), y al pago de una indemnización de $ 1.384.900 por daño moral y daño emergente a una consumidora cuyo automóvil fue robado en el estacionamiento del local.En fallo unánime los ministros de la Sexta Sala Juan Eduardo Fuentes, Joaquín Billard y el abogado integrante Nelson Pozo, ordenaron realizar los pagos en la demanda interpuesta por Nancy Gabelo Ocampo.La mujer concurrió al local de la cadena ubicado en Avenida Padre Hurtado N° 60, comuna de Estación Central y al volver a los aparcaderos se dio cuenta que su automóvil había sido sustraído del lugar.El fallo establece que los estacionamientos son partes integrantes del servicio prestado, por lo tanto la empresa es responsable por los daños que sufran los vehículos que quedan detenidos en la zona, mientras los consumidores concurren al recinto.“De tal modo no es posible concluir que el servicio de estacionamiento gratuito constituya un servicio anexo, adicional o diferente de la mera venta de mercancías o servicios, sino que forma parte de la oferta de la denunciada, quien no ha dado cumplimiento a su obligación de resguardar la seguridad en el consumo de los bienes, y en particular en el resguardo de bienes de su cliente. En efecto, para tales efectos la denunciada cuenta, tal como consta de los antecedentes de un servicio de resguardo, cuyo fin radica esencialmente en otorgar un mínimo de seguridad en la realización y operación del acto específico de la prestación de servicios de venta de mercancías o servicios”, dice la sentencia.

05 de Enero de 2009

Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechaza recurso de protección por Registro Nacional de ADN
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó un recurso de protección presentado por una defensora pública penal juvenil de esa ciudad en favor de tres adolescentes recluidos en centros de internación del Servicio Nacional de Menores (Sename), las que se negaron a someterse a la toma de una muestra orgánica para incorporar sus datos al Registro Nacional de ADN.
En fallo unánime (en causa rol 289-2008), el tribunal de alzada desestimó la presentación de la Defensora Fabiola Sepúlveda, quien sostuvo que no correspondía la toma de la mencionada muestra a los tres menores que se encuentran condenados por distintos delitos y cumpliendo penas, ya que la mencionada ley estableció un estatuto especial para juzgar a los menores de edad en el que se excluyen este tipo de examen invasivo.
Si bien en dos de los casos la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección por razones formales, ya que en un caso el Sename reconoció que la orden para realizarse el examen estaba mal extendida y en otro caso aún no había sido citada a realizarse el examen, pero que el Servicio reconoce que la joven no será objeto del registro; en el tercer caso se pronunció sobre el fondo afirmando que la medida es válida ya que la ley que crea el Registro Nacional de ADN no establece distinción entre adultos y adolescentes.
“Analizados los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, no se divisa que los Servicios Regionales recurridos hayan incurrido en ilegalidad o arbitrariedad al disponer que se someta al Sistema Nacional de Registro de ADN, ya que se encuentra dentro de los casos allí previstos, habida consideración que, como ya se ha dicho, la ley 19970 no hace distinciones entre adultos y adolescentes, solamente distingue delitos, de manera que no existe discriminación alguna que lo afecte, tanto en lo relativo a la igualdad entre las personas como también en lo que respecta a su honra, dado los resguardos establecidos en la misma ley para él y para su familia”, afirma el fallo.

Servicio Due Diligence

2008-10-29T12:40:00.000-07:00

Servicio Due Diligence
Las empresas, sociedades y compañías, con personalidad jurídica propia e independiente, tienen que estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones formales y materiales, tanto legales como tributarias, laborales y contables. Es trascendental contar con una correcta asesoría desde el principio, y delegar en manos de especialistas la gestión administrativa, fiscal, laboral y jurídica de su empresa.
Los procedimientos de “Due Diligence” (diligencia debida) consisten en la realización de un examen riguroso y exhaustivo del cumplimiento de dichas obligaciones por las Empresas Sociedades o Compañías, permitiendo la subsanación de los defectos o deficiencias advertidas en el citado examen, permitiendo sanearla y ponerla “al día” en el cumplimiento de dichas obligaciones.
Dichos procedimientos suelen ser habituales en los procedimientos de adquisición de empresas, fusiones, etc… donde el adquirente pretende garantizar su adquisición mediante la realización de un examen exhaustivo de los activos de la empresa, existencia de deudas (vgr., Seguridad Social, Tesorería, etc…), inexistencia de pasivos ocultos, préstamos, etc… en definitiva, acercarse lo máximo posible a la realidad del producto que pretende adquirir.
Pero las operaciones de Due Diligence no son sólo exclusivas en dichas operaciones. Es importante poder constatar el cumplimiento de las obligaciones concernientes al ámbito empresarial, básicamente, para acreditar solvencia y generar confianza frente a terceros (contratos de colaboración interempresarial, Uniones Temporales de Empresas, participación en sociedad con objeto social idéntico o análogo, contratos con las Administraciones Públicas…). Todo ello sin perjuicio, lógicamente, de las sanciones de carácter administrativo que pudieran imponerse por la Administración que corresponda.
También es relevante acreditar el correcto cumplimiento de las obligaciones en los casos de insolvencia empresarial, donde existen piezas de calificación de responsabilidad contra los administradores de la Compañía, y que podrían derivar en responsabilidad para éstos por la inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones que atañen a la empresa.
En definitiva, si Usted administra una Compañía, o tiene interés en adquirir o enajenar (total o parcialmente) una Sociedad Mercantil, o tiene interés en resultar adjudicatario en un concurso público, o simplemente desea constatar el cumplimiento de las obligaciones que atañen a su empresa, necesita un proceso de “Due Diligence”.

Las 4 preguntas básicas

Un due diligence efi caz requiere responder cuatro preguntas básicas: ¿Qué estamos comprando realmente? ¿Cuál es el valor aislado de la empresa objetivo? ¿Dónde están las sinergias, y dónde hay esqueletos ocultos? y ¿Cuál es nuestro precio de retirada? Cada una de estas preguntas concita un nivel de indagación más profundo que la anterior, poniendo bajo el microscopio la lógica estratégica más amplia de una adquisición. Los adquirentes exitosos dan mucha importancia a los resultados de tales investigaciones y análisis, al punto de estar preparados para decir no a un acuerdo, aun en la fase fi nal de las negociaciones.

Su PIME necesita un abogado..... Para así, contar con bases sólidas para echar a andar su negocio.

2008-09-09T13:24:00.000-07:00

Toda pyme sabe que un contador o su socio capitalista serán personajes fundamentales en el desarrollo de su empresa. ¿Y los abogados? Este profesional también cumplirá un papel relevante en la evolución de la empresa, pero para hacer efectiva su participación, el empresario debe tener claro en qué situaciones lo necesitará.

Contar con un abogado para constituir una sociedad es necesario, puede existir el caso que el notario solicite que las minutas de la escritura estén redactadas por este tipo de profesionales:

1.- Una de las funciones principales que cumplirá el abogado en el desarrollo del negocio será asesorar al empresario en diversas áreas. Por ejemplo, estos podrán recomendar que tipo de sociedad es aconsejable que constituya, dadas sus características personales.

2.- Una vez que la empresa se organiza, requerirá realizar una serie de trámites ante el Servicio de Impuestos Internos —como obtención de rut, timbraje de documentos, etc.— e incluso ante las autoridades sanitarias. Dependiendo del rubro del negocio, las tramitaciones involucradas serán distintas y múltiples, por lo que recomendamos asesorarse.

3.- Además, el abogado podrá encargarse de redactar los contratos de sus trabajadores, proveedores y clientes, dependiendo de la empresa, además del reglamento interno del negocio.

Una vez que realiza estos trámites y que fue asesorado, por lo que cuenta con bases sólidas para echar a andar su negocio, podrá tener una relación más esporádica con el abogado y contactarlo exclusivamente cuando pretenda realizar cambios en su negocio, como incluir a un nuevo socio, o cuando esté frente a un conflicto.

Respecto a esto último, aconseja que frente a un potencial conflicto, lo primero que deberá hacer el empresario es contactarse con un abogado, y no esperar hasta que una demanda llegue a su escritorio. Dependiendo del tipo de negocio y de su tamaño, algunos empresarios preferirán tener un contacto más habitual con su abogado y asesorarse, y no sólo contratarlo para situaciones específicas, este es un buen modelo a adoptar cuando el empresario tiene consultas básicas la mayoría del tiempo y necesita a un profesional a su disposición. Además, de esta forma su abogado podrá mantenerlo informado de las modificaciones legales que pueden afectar su empresa, como cambios en normativas ambientales o sociales.

INFORMACIÓN JURIDICA DE INTERES

2008-06-13T15:38:00.000-07:00

Leyes más solicitadas ordenadas por materia

http://www.bcn.cl/

http://www.bcn.cl/lc/lmsolicitadas/lms_materia?letra=A

VOCABULARIO JURÍDICO

Acuerdo reparatorio: salida alternativa que pone fin al proceso por el acuerdo entre víctima e imputado de una reparación del daño causado para delitos menores, que afectan bienes de carácter patrimonial. Debe aprobarse por el juez de garantía.

Acusación: ejercicio de la acción penal normalmente por Fiscales del Ministerio Público, que da inicio al Juicio Oral donde se juzgará el hecho y la participación del sujeto.

Alevosía: actuar ocultando lo que se busca realizar, el delito, escondiendo las verdaderas intenciones u objetos de los que se valdrá para la realización del delito.

Antijuridicidad: cualidad de la conducta típica que contradice la norma, afecta lo que se protege. Importa un juicio de valor negativo por lesionar o poner en peligro la situación tutelada por la norma.Audiencia de Control de la Detención: Audiencia que se realiza cuando se detiene a un sujeto para determinar su legalidad.

Audiencia de Preparación del Juicio Oral: audiencia oral y pública cuyo principal objeto es discutir las pruebas que se presentarán en el Juicio Oral.

Auto de Apertura del Juicio Oral: resolución del Juez de Garantía al término de la Audiencia de Preparación del Juicio Oral y que da inicio a la etapa de Juicio Oral.

Autor: sujeto que realiza la conducta descrita en la ley (tipo), que es culpable si además ella se le puede reprochar.

Adulto: es la persona que ha dejando de ser impúber.

Aval: Es un contrato de garantía por el cual un tercero se compromete a pagar una letra de cambio o un pagaré si el obligado principal no lo hace. Por extensión se llama aval a cualquiera que presta una garantía personal por una obligación ajena (aunque en estricto rigor se debe denominar fiador).

Bien jurídico-penal: situación que se valora positivamente y que se protege por la norma penal, como la vida en la norma que sanciona el homicidio.

Bien familiar: en cualquier régimen económico del matrimonio, pueden afectarse como bien familiar el inmueble que sirve de residencia principal de la familia y los muebles que los guarnecen, así como las acciones o derechos en sociedad propietarias de dicho inmueble. Po regla general, la afectación debe ser judicial. Afectado el bien como familiar, el cónyuge propietario no puede enajenarlo sin el consentimiento del otro cónyuge. Además, el cónyuge no propietario puede pedir que se constituya usufructo en su favor durante el tiempo que fije el juez. Los acreedores sólo pueden embargar el bien familiar si no existen otros bienes en el patrimonio del cónyuge deudor.

Buena fe: es la conciencia de estar obrando correctamente, sin fraude ni otro vicio. La beuna fe se presume. En los contratos se exige que los contratantes actúen de buena fe.

Beneficio de inventario: forma de aceptar la herencia por la que el heredero sólo responde de las deudas del difunto hasta el valor de los bienes que recibe, conforme a un inventario solemne de los mismos.

Cómplice: sujeto que colabora con el autor, facilitando medios, siempre que no exista un acuerdo previo que lo considere como autor.Consumación: realización completa de la conducta que describe el legislador (tipo).Crimen: delito más grave, pues tiene asignada la pena más alta (desde 5 años y 1 día de privación de libertad).Culpa o imprudencia: comportamiento de un sujeto con infracción de un deber de cuidado. Implica un deber de conocer lo que se está haciendo y sus consecuencias o un deber de actuar respetando ciertos parámetros o exigencia de cuidado.Culpabilidad: es el reproche al sujeto por haber contrariado el Derecho, por una conducta típica y antijurídica (injusto).Cláusula penal: es un pacto por el cual una persona, generalmente una parte de un contrato, se obliga a pagar una multa (dinero u otras cosas) en caso de no cumplir con la obligación pactada. Si es por día de atraso en el cumplimiento, se denomina cláusula penal moratoria.Compensación económica: es un beneficio que la Ley de Matrimonio Civil otorga, en caso de nulidad de matrimonio o divorcio, al cónyuge que sufre un menoscabo económico al haberse dedicado al cuidado de los hijos o del hogar común y no haber realizado una actividad remunerada o lucrativa o no como habría podido y querido. También la ley considera otras circunstancias para la procedencia y cuantía de la compensación, como la edad, la duración del matrimonio, la salud, el estado previsional, el apoyo que uno de los cónyuges hizo al otro, la cualificación profesional, y otros. A falta de acuerdo, la resuelve el juez de familia en la sentencia que declara la nulidad o divorcio.Contrato: acuerdo entre dos o más partes por al cual una se obliga para con otra o todas se obligan recíprocamente. Son ejemplos de contratos el de compraventa, donación, sociedad, mandato, arrendamiento, mutuo, comodato.

Delito: comportamiento grave descrito por el legislador, cuya realización tiene como consecuencia una pena o / y medida de seguridad. Supone una conducta típica, antijurídica y culpable.

Delito frustrado: ejecución de toda la conducta sin que se llegue a completar el resultado que exige la ley (tipo).

Denuncia: comunicación que puede realizar cualquier persona de un hecho que parece tener carácter de delito al Ministerio Público, Carabineros, Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia criminal.

Defensor Penal Público: abogado encargado de la defensa de un imputado en caso de que carezca de una.

Defensoría Penal Pública: Organismo público descentralizado que depende del Ministerio de Justicia y que tiene como función la defensa del sujeto imputado por un delito cuando no la tuviere.

Dolo: supone conocer los que se está realizando y buscarlo, conocer la conducta descrita por el legislador (tipo) y realizarla.

Daño emergente: se llama daño emergente a la pérdida actual sufrida en el patrimonio de una persona por un hecho ilícito o el incumplimiento de una obligación.

Deuda solidaria: es aquella obligación contraída por varias personas, en la que cada una de ellas pude verse obligada a pagar el total al acreedor, sin perjuicio de pedir posteriormente reembolso de su cuota a los demás codeudores.

Dolo: se le define como la intención positiva de inferir injuria a la propiedad o persona de otro (art. 44 del Código Civil), definición en la que injuria es sinónima de injusticia o acto contrario a Derecho. En el fondo el dolo es la conciencia de estar realizando algo ilícito y que causa daño al interés social o a los derechos de otro. Cuando se trata de un contrato, se denomina dolo al propósito de engañar al otro contratante.

Encubridor: sujeto que interviene con posterioridad a la comisión de un delito, escondiendo a los autores, los instrumentos del delito, o aprovechándose de lo que se obtiene con el delito

Falta: delito de menor gravedad, sancionado normalmente con multa y, en ocasiones, con prisión (privación de libertad que no supera los 60 días).

Fiscal: Abogado funcionario del Ministerio Público que se encarga de conducir la investigación de un hecho punible y de ejercer la acción penal respectiva.

Formalización de la Investigación: audiencia en la que el Fiscal pone en conocimiento del imputado, en presencia del Juez de Garantía, el hecho de dirigirse una investigación en su contra por uno o más delitos determinados.

Fianza: es un contrato por el cual una persona se compromete a pagar una deuda ajena, si el deudor principal no lo hace, quedándole a salvo el derecho de reclamar lo pagado al deudor incumplidor.

Homicidio: es la privación de la vida de una persona causada por otra u otras personas.

Homicidio calificado: privación de la vida de una persona con ciertas circunstancias que la hacen más grave, como premeditación, alevosía o recompensa.

Heredero: es la persona que es llamada a suceder en los bienes de un difunto, ya sea en el total o en una cuota del patrimonio hereditario.

Herencia abintestato: es la herencia que, a falta de testamento, debe ser distribuida conforme a los herederos llamados por la ley.

Hipoteca: es un derecho que se otorga a un acreedor de una obligación para que, en caso de incumplimiento del deudor, se pague con un bien inmueble que se designa en el contrato de hipoteca. En caso de incumplimiento, el acreedor no puede apropiarse del inmueble hipotecado sino que debe pedir al juez que se ordene su subasta pública.

Heredero: persona llamada a suceder en los bienes de un difunto, ya sea en el total o en una cuota del patrimonio hereditario.

Herencia abintestato: es la herencia que, a falta de testamento, debe ser distribuida entre los herederos llamados a suceder al difunto por ley.

Imputado: sujeto al que se atribuye la participación en un hecho que parece cumplir con los elementos de un delito.

Injusto penal: conducta típica y antijurídica (comportamiento que cumple con la descripción de la ley y que lesiona o pone en peligro la situación protegida).

Investigación: primera etapa del proceso penal en la que se investigan hechos que posiblemente configuran un delito y la participación de algún sujeto.

Impúber: se llama impúber al varón menor de 14 años y a la mujer menor de 12 años.

Infante o niño: es la persona que no ha cumplido 7 años.

Inventario solemne: es el que se hace por orden judicial, con citación de todos los interesados en la herencia y ante notario u otro ministro de fe, para dar certeza de la especie de los bienes que comprende el patrimonio del difunto. Suele hacerse al mismo tiempo la tasación de los bienes. Este inventario se protocoliza en una notaría para que tenga publicidad.

Juez de Garantía: Juez unipersonal que se encarga fundamentalmente de velar por la protección de derechos y garantías del imputado durante el proceso y de la legalidad de la investigación del Ministerio Público.

Juicio Oral: segunda etapa del proceso penal, luego de la investigación, donde se conocen hechos, pruebas y se resuelve sobre la existencia del delito y la participación del sujeto imputado.

Legatario: es la persona a la que el difunto le deja por testamento una cosa específica o una cantidad de un cierto género de cosas (por ejemplo, una suma de dinero).

Lucro cesante: es la privación de la probable ganancia que habría obtenido una persona si hubiera podido realizar la actividad que no pudo hacer por causa del hecho ilícito o el incumplimiento de una obligación.

Medida de seguridad: consecuencia penal por la realización de un tipo penal que tiene en cuenta la peligrosidad del agente, la posible comisión de delitos futuros, como la internación en centros de rehabilitación. Buscan la seguridad social y pueden imponerse también a sujetos no culpables. Ministerio Público: Organismo público, autónomo y jerarquizado cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de hechos constitutivos de delito, y en su caso, ejercer la acción penal respectiva.

Matrimonio: es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente (art. 102 del Código Civil). El matrimonio es la base principal de la familia (art. 1º de Ley de Matrimonio Civil).

Menor adulto: es la persona que es adulto (ha dejado de ser impúber) pero es aún menor de 18 años.

Menor de edad: es la persona que no ha cumplido dieciocho años.

Mora: es el retardo del deudor en el cumplimiento de la obligación. Si no se ha fijado un plazo para el cumplimiento y no se trata de una obligación de no hacer, se requiere demanda judicial para que el deudor quede constituido en mora. Sólo desde la mora se deben perjuicios.

Mitad legitimaria: es la porción de bienes que el testador debe necesariamente dejar a ciertos asignatarios forzosos (legitimarios), que son el cónyuge, los descendientes y los ascendientes. Concurren en ella según las reglas de la herencia abintestato.

Novación: es un contrato por el cual las partes extinguen una obligación y la sustituyen por otra nueva.Nulidad: es la sanción que la ley establece para los actos que no cumplen con los requisitos prescritos para la validez de dichos actos, en consideración a la naturaleza del acto o de la calidad de las personas.

Pena: sanción más grave del ordenamiento jurídico, al suponer restricción o privación de derechos, como la privación de libertad (cárcel)

Peritaje: es el examen y estudio que realiza el perito sobre el problema encomendado, que sirve de prueba según lo dispone la ley.

Perito: experto o especialista en una ciencia, arte u oficio que declara ante un tribunal.

Premeditación: reflexión que hace el agente para cometer un delito, que supone una preparación mayor, un plan.

Prisión Preventiva: privación de la libertad personal excepcional durante el procedimiento, antes de la sentencia, como medida de resguardo para asegurar los objetivos del proceso.

Procedimiento abreviado: procedimiento más simple, sin alegatos ni pruebas, pues procede si el imputado reconoce los antecedentes de la investigación y siempre que se solicite una pena máxima de 5 años. Se desarrolla ante el juez de garantía.

Procedimiento monitorio: procedimiento que permite una sentencia sin un juicio previo. La sentencia se dicta sólo con el requerimiento del Fiscal, aunque si es condenatoria se concede un plazo de 15 días al imputado para oponerse. Únicamente cabe respecto de faltas por las que se solicite una multa.

Procedimiento simplificado: juicio oral simple ante el juez de garantía para faltas y simples delitos con pena baja. Breve discusión y prueba. No se permiten demandas civiles.

Persona: es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe y condición (art. 55 Código Civil).

Persona jurídica: es una persona de carácter ficticio, construido por el sistema jurídico, sobre la base de una agrupación de personas individuales o de un conjunto de bienes cuya misión es cumplir un fin que normalmente trasciende los intereses de los miembros o fundadores. Hay personas jurídicas de Derecho Público (El Estado, las municipalidades, la Iglesia Católica, las confesiones religiosas constituidas por la ley de cultos) y de Derecho Privado. Las de Derecho privado pueden tener fines de lucro: como las sociedades, y no tenerlos, como las Corporaciones y Fundaciones.

Partición hereditaria: es el acto por el cual se distribuyen los bienes, derechos y obligaciones de una persona difunta entre sus herederos. Normalmente se hace o de común acuerdo entre los comuneros o nombrando un árbitro partidor que dicta una sentencia de partición.

Querella: escrito formal que se presenta ante el juez de garantía por el cual la víctima, su representante legal o heredero testamentario, podrán ejercer la acción penal solicitando la investigación y sanción de un delito determinado.

Querellante: víctima, su representante legal o heredero testamentario, que interpone querella en el proceso penal.

Reparaciones locativas: son las reparaciones de la cosa arrendada que debe costearlas el arrendatario, por ser causadas por el mismo uso de la cosa.

Resolución: Es la posibilidad de dejar sin efecto un contrato a petición de una de las partes, cuando la otra no ha cumplido con su obligación. Cuando un contrato se resuelve ambas partes deben restituirse las prestaciones que se han hecho.

Salidas alternativas: medidas que pueden acordar las partes del proceso como solución que le pone fin sin que llegue a juicio en caso de delitos menores (con pena máxima de 3 años). Son la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios.

Sentencia: es la resolución final que se dicta en un procedimiento judicial (penal) y que fija la decisión de condenar o absolver al sujeto juzgado.Simple delito: delito de mediana gravedad, que tiene asignada una pena moderadamente alta (desde los 61 días de privación de libertad).

Sobreseimiento: término del proceso temporal o definitivo según la causa antes de que se dicte sentencia. El definitivo pone fin al procedimiento de la misma forma que la sentencia, el temporal lo hace mientras dure la causa que lo motivó.

Suspensión condicional del procedimiento: salida alternativa que se solicita al Juez de Garantía, previo acuerdo del imputado, y que consiste en la detención del proceso de 1 a 3 años. Durante ese periodo el imputado debe cumplir con las condiciones que se fijen.

Tentativa: comienzo o inicio de la conducta que se describe en la ley (tipo).

Tipicidad: característica de una conducta que calza o coincide con el tipo, determinada por el juez.

Tipo penal: descripción que hace el legislador del comportamiento grave.

Tribunal del Juicio Oral en lo Penal: tribunal colegiado compuesto por tres jueces, cuya función principal es la de conocer y fallar los asuntos que se sometan a juicio oral.

Testamento: es un acto solemne por el cual una persona dispone sobre sus bienes para después de sus días, conservando la facultad de revocarla mientras viva. Puede ser ante notario o ante cinco testigos.

Testamento: acto solemne por el cual una persona dispone de sus bienes para después de sus días, conservando la facultad de revocarlo mientras viva. Puede hacerse ante notario o ante cinco testigos.

Usufructo: es un derecho que faculta a una persona, distinta del dueño, a usar una cosa y a explotarla y hacerse dueño de los frutos naturales o civiles que produzca. Son frutos civiles las rentas e intereses.

Víctima: persona ofendida o afectada por la comisión de un delito.

SOCIEDADES

2008-04-14T18:35:00.001-07:00

CONSTITUYENDO UNA SOCIEDAD

Son organizaciones con personalidad jurídica distinta a la de los socios y que persiguen fines de lucro. Aquí quedan afuera las corporaciones y fundaciones.
Las sociedades pueden ser de personas o de capitales. Las de personas se constituyen en atención a las personas que la integran y la de capitales en razón de los aportes, por tanto en esta última los socios pueden cambiar sin necesidad de autorización de los demás los que ocurre precisamente en las anónimas. Hay sociedades mixtas como la en comandita por acciones. Las sociedades de personas el contrato para crearla, modificarla o extinguirla requiere acuerdo o consentimiento de todos los socios. En cambio en las sociedades de capitales es suficiente el acuerdo de las mayorías sobre las minorías.
En Chile, las sociedades pueden tener cualquier objeto de lucro mientras no sea contrario a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Sin embargo, la ley ha exigido que ciertas sociedades de objeto especial sólo pueden revestir una forma determinada, en general sociedades anónimas, y normalmente están sometidas al control de la autoridad, es el caso de los bancos, instituciones financieras, compañías de seguros, administradoras de fondos mutuos o de fondos de inversión, administradoras de fondos de pensiones, instituciones de salud previsional, bolsas de comercio y en menor medida, agentes de valores y corredores de bolsa se encuentran en esta categoría. Además, por regla general, la ley chilena no exige un capital mínimo para constituir una sociedad, salvo en el caso de algunas sociedades anónimas especiales.
Las sociedades reguladas por el Código Civil Chileno, sociedad colectiva civil y sociedad en comandita civil, son contratos consensuales por cuanto la ley no establece solemnidades. Las demás sociedades, esto es, las sociedades comerciales, las en comandita por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada son contratos solemnes.
TIPOS DE SOCIEDADES CHILENAS
Sociedades Civiles
Sociedades Colectivas Civiles los socios responden hasta con su patrimonio personal, la cuota del insolvente grava a los demás socios y los acuerdos por regla general se toman por unanimidad.
En las Sociedades en Comanditas Civiles, los socios gestores o administradores responden hasta con su patrimonio personal y los comanditarios por su aporte.
La disolución de estas sociedades, al igual que su constitución, es consensual y por consiguiente basta con el consentimiento de las partes que no deben cumplir con ninguna solemnidad.
Sociedades Comerciales
Sociedad Colectiva Comercial. El contrato de constitución es solemne, se forma y prueba por escritura pública, cuyo extracto se inscribe en el Registro de Comercio y se publica en el Diario Oficial. Las menciones esenciales son: el nombre completo de los socios pues es un contrato que se celebra en atención de las personas y el domicilio social pues este determinará la competencia del Conservador de Bienes Raíces, de los Tribunales de Justicia, y la nacionalidad de la sociedad para definir la legislación aplicable. Los socios responden en forma solidaria de las obligaciones sociales contraídas bajo la razón social, es decir, se puede perseguir a cualquier socio para el cumplimiento de una obligación social.
Sociedad de Responsabilidad Limitada. Son sociedades de personas en que los socios responden hasta el monto de sus aportes. La sociedad de responsabilidad limitada sea civil o comercial es siempre solemne, debe constar en escritura pública, cuyo extracto debe inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en el Diario Oficial. Las modificaciones sociales son todos actos que deben cumplir las mismas formalidades de la constitución. En lo no previsto por la ley que trata las sociedades de responsabilidad limitada se rigen supletoriamente por las normas de la sociedad colectiva contempladas en el Código Civil y en el Código de Comercio.
Sociedad En Comandita. En este tipo de sociedad existen dos clases de socios: los gestores que son los únicos que tienen la facultad de administración, y los comanditarios que son los socios pasivos o capitalistas. A su vez hay dos tipos de sociedades en comanditas: la sociedad En Comandita Simple, en que los comanditarios tienen derecho en la sociedad como en las sociedades colectivas, y la comandita por acciones en que se emiten acciones que representan los derechos de los socios al igual que en la anónimas. La comandita simple civil es consensual, mientras que la comandita simple comercial y la comandita por acciones son solemnes.
Sociedad Anónima. Es definida en la ley, como una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. La sociedad anónima tiene las mismas características que las otras sociedades: es una persona jurídica, sus socios accionistas aportan dinero o bienes estimados en dinero, persigue fines de lucro, las pérdidas las soporta el fondo constituido por los accionistas, pero se distinguen de las demás pues los derechos de los socios están representados por acciones que constan en un título. La administración se efectuá por 2 órganos colegiados la junta de accionistas y el directorio, el cual designa un gerente. Los derechos de los socios son representados en acciones de libre cesibilidad. Estas sociedades son siempre comerciales, aun cuando se formen para fines civiles. La sociedad anónima es de carácter solemne, tanto en su constitución, modificación y disolución, pues se forma y prueba por escritura pública, cuyo extracto se inscribe en el Registro de Comercio y se publica en el Diario Oficial.
Las sociedades anónimas pueden ser abiertas o cerradas. Las primeras son aquellas que pueden ofrecer públicamente sus acciones, para lo cual deben inscribirse en el Registro de Valores dentro de los 60 días desde su formación, quedando sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Tratándose de entidades bancarias, éstas son fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Las sociedades anónimas cerradas no pueden hacer oferta pública de sus acciones, salvo que se sometan voluntariamente a la fiscalización de la SVS. En cualquier caso, las sociedades anónimas abiertas podrán pasar a ser cerradas por acuerdo de la junta de accionistas, dejando de estar inscritas en el registro de Valores y no quedando sometidas a la Fiscalización de Superintendencia de Valores y Seguros. La ley no exige un capital mínimo para su constitución, salvo en el caso de sociedades anónimas especiales como el caso de los bancos o compañías de seguros.
Entes sin personalidad jurídica
Ø Comunidades. Las comunidades son entidades distintas a las sociedades toda vez, que suelen nacer de hechos y no de contratos, es decir, no nacen de la voluntad de las partes. No gozan de personalidad jurídica propia y en este sentido su representante actúa por los comuneros y no por la comunidad, al igual que las deudas, éstas son divididas en partes iguales entre los comuneros. En cambio la sociedad nace de la voluntad de las partes, goza de personalidad jurídica propia y por tanto su representante o administrador representa a la sociedad y no a los socios y las deudas son cubiertas por el patrimonio social.
Ø Asociaciones de Cuentas en Participación. No constituye una sociedad ni da origen a una persona jurídica distinta, pero se trata junto a las sociedades en la ley. El Código de Comercio chileno las define como un contrato por el cual dos o más comerciantes toman interés en una o muchas operaciones mercantiles, instantáneas o sucesivas, que debe ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, a cargo de rendir cuenta y dividir con sus asociados las ganancias o pérdidas en la proporción convenida. Es similar a una sociedad en comandita en que sólo aparece ante terceros el gestor quien es el único que se obliga y a su vez está relacionado con sus asociados por la obligación de rendirles cuenta y participarles lo que corresponda. A pesar de esta definición, puede efectuarse entre no comerciantes y para operaciones civiles. Los terceros tienen acción contra el gestor, el cual aparece como único dueño del negocio. El Código Tributario reconoce, para efectos de impuestos, las relaciones que ligan al gestor con sus asociados, siempre que se pruebe fehacientemente la existencia y condiciones de la asociación. Si así no se hace, el impuesto grava al gestor como único responsable de los impuestos, según el Art. 28° Código Tributario.
Ø Sociedades de Hecho: Esta es una modalidad propia de un contrato que, aunque no produce efecto entre los socios, la ley la acepta con el objeto de proteger los intereses de las personas que han contratado con la sociedad o que han hecho negocios con este tipo de entidades. Los socios de una sociedad de hecho responden solidariamente por las obligaciones contraídas a nombre de ella, lo que significa que cada uno responde con todos sus bienes por el total de las deudas de la sociedad y ante terceros los socios no pueden alegar ninguna limitación de responsabilidad. La ley es estricta, pues su objetivo es amparar a terceros que contratan con una sociedad que no ha sido constituida en forma legal, de modo que los socios no pueden alegar su nulidad para eximirse de las obligaciones contraídas.
Ø Agencias de Sociedad Anónima Extranjera. Se encuentran tratadas en la Ley de Sociedades Anónimas, y siguiendo el espíritu liberal de ésta, no les exige ninguna autorización para su establecimiento por parte de un ente fiscalizador. Cuando una sociedad anónima quiera establecer una Agencia en Chile, deberá nombrar un agente o representante que para efectos prácticos y tributarios, deberá tener domicilio o residencia en Chile, el cual deberá protocolizar en una Notaría en donde tenga su domicilio social, los antecedentes que den cuenta de la existencia de la sociedad en el extranjero, esto es, Certificado de Vigencia de la sociedad, copia auténtica de los Estatutos vigentes y Poder general otorgado por la sociedad al agente que ha de representarla en Chile. En ese poder debe constar la personería del agente que, por lo general, es otorgada por el Directorio de la sociedad anónima extranjera y debe expresar, en forma precisa y clara, que el agente obrará en Chile bajo responsabilidad directa de la sociedad, que tendrá amplias atribuciones para ejecutar operaciones a su nombre y todas las facultades ordinarias y especiales del mandato judicial.
El agente debe declarar que la sociedad se obliga a mantener en Chile bienes de fácil realización para atender las obligaciones que hayan de cumplirse en el país. Debe hacerse un extracto de la protocolización de los documentos presentados por el agente y de la escritura pública de la constitución de la agencia, extractos que deberán ser inscritos en el Registro de Comercio y publicados en el Diario Oficial. Las modificaciones deben cumplir con las mismas formalidades de la constitución de la agencia. Los documentos procedentes del extranjero deberán venir debidamente legalizados ante el Cónsul de Chile o las autoridad pertinente del país de origen y ser visados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

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2008-04-07T20:41:00.000-07:00

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Propiedad Intelectual

2008-02-14T09:09:00.000-08:00

Registro de Propiedad Intelectual: Inscripción de una obra

La inscripción de una obra en el Registro de Propiedad Intelectual confiere un medio de prueba importante acerca de la autoría o creación de la misma. También respecto de los titulares de derechos conexos. El Art. 8° de la ley 17.336, establece una presunción simplemente legal de autoría, en favor de quién hace la inscripción o registro de una obra intelectual.

¿En qué consiste?
La ley N° 17.336 de 1970, sobre Propiedad Intelectual protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.

El derecho de autor es el conjunto de normas, legales que protegen al autor y a su obra intelectual. También protege a los denominados TITULARES DE DERECHOS DE AUTOR, vale decir cónyuge sobreviviente, herederos, cesionarios y legatarios. Además la ley ampara los derechos conexos de los artistas, interpretes, ejecutantes, y productores fonográficos.

En términos generales están protegidas las obras literarias, artísticas y literario científicas; por ejemplo, está protegido un libro, un dibujo artístico, una película, una escultura, un programa de computación, una composición musical y otras.

El autor es la persona que crea la obra intelectual. Las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos.

Testamento

2008-02-11T12:48:00.000-08:00

¿Qué es un testamento?
Es un acto por el cual una persona (el testador) dispone que todos o parte de sus bienes sean heredados por terceros después que fallezca.

Según la ley, hay varios tipos de testamento:
Testamento solemne: es el que más se utiliza. Debe ser escrito y otorgarse ante testigos mayores de 18 años. El testamento solemne puede ser abierto o cerrado. En el primero, el testador informa de su voluntad a un notario y a testigos. En el segundo caso, el testador presenta al notario y a tres testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz que en ella se contiene su última voluntad.
Testamento menos solemne: pueden omitirse las formalidades que la ley habitualmente requiere, como la presencia de un notario. Este tipo de testamento se da generalmente en casos en que la vida del testador se encuentra en peligro inminente. Hay tres tipos de testamentos menos solemnes: el verbal, el militar y el marítimo. Estos dos últimos sólo se dan en caso de guerra.

¿Cómo se hace un testamento?
Primero debe decidir si va a hacer un testamento solemne abierto o cerrado. Los testamentos menos solemnes sólo se dan en casos muy raros o excepcionales.

Testamento solemne abierto: debe ir donde un notario con tres testigos mayores de 18 años, o llamar a cinco testigos, sin necesidad del notario. Puede dictarle el testamento al notario o tenerlo escrito para que éste lo lea en voz alta ante los testigos. En el testamento debe constar el nombre, edad, domicilio y nacionalidad del testador, detalle de sus matrimonios y de todos sus hijos, la declaración de hallarse en pleno uso de sus facultades y el nombre y domicilio de los testigos. El documento debe firmarse por el testador, el notario y los testigos.

Testamento solemne cerrado: el documento debe ser escrito y firmado por el testador y estar en sobre cerrado. En el sobre deben ponerse los datos y firmas del testador, el notario y los tres testigos. El testador debe decirles, de viva voz, que en el sobre está contenido su testamento.

Testamento verbal: la ley lo autoriza sólo si no hay tiempo para hacer un testamento solemne. Se hace de viva voz ante al menos tres testigos mayores de 18 años que sepan leer y escribir. 30 días después de la muerte del testador, hay que ponerlo por escrito. Cualquier persona interesada en la herencia puede acudir a un juez de letras, quien debe ubicar a los testigos y tomarles declaración sobre el testamento que declaró el difunto y en qué condiciones lo hizo. El testamento verbal deja de tener valor si esta formalidad no se cumple en el plazo correspondiente o si el testador muere después de los 30 días de haber expresado su testamento.

¿A quiénes puedo dejar mis bienes?
En Chile los testamentos son restringidos. La ley obliga al testador a hacer algunas asignaciones forzosas a ciertas personas, lo que rige habiendo o no un testamento de por medio.

Estas asignaciones obligatorias abarcan, por una parte, la mitad de los bienes, donde se encuentran los alimentos forzosos (asegurar la alimentación de algún hijo, por ejemplo) y las asignaciones legítimas a herederos como el cónyuge, descendientes o ascendientes (padres y abuelos) y por otra parte, la cuarta de mejoras, con la que el testador puede mejorar la cuota de ciertos herederos.

Entonces el testador sólo puede disponer de la mitad de sus bienes. Esta mitad se compone de una cuarta parte denominada "cuarta de mejoras", con la cual puede aumentar los beneficios de su cónyuge, descendientes o ascendientes, y otra cuarta parte llamada "de libre disposición", que sí puede dejar libremente a cualquier persona.

En resumen, el 50% de los bienes va a los herederos forzosos, el 25% va para mejorar a alguno de los beneficiados por la primera mitad, y el otro 25%, a quien el testador desee.

¿Quiénes son los herederos forzosos?
Las personas que suceden al fallecido en sus bienes y deudas de acuerdo al siguiente orden de sucesión, de mayor a menor derecho:

Primer orden: los hijos y el cónyuge que lo sobrevive (marido o mujer). En el caso de haber fallecido algún hijo del testador, heredan en su lugar los hijos de éste, es decir, los nietos del fallecido.

Segundo orden: si no tiene descendientes, heredan los padres u otros ascendientes más próximos y el cónyuge que lo sobrevive. En caso de faltar el padre, la madre y el cónyuge sobreviviente, son herederos los abuelos que estén vivos. En caso de estar fallecidos todos los abuelos, son herederos los bisabuelos vivos.

Tercer orden: si faltan los anteriores, heredan los hermanos, sean por parte de padre y madre, o sólo de uno de ellos. En caso de estar fallecido alguno de los hermanos, heredan en su lugar los hijos de ese hermano fallecido.

Cuarto orden: en caso de faltar todos los anteriores, tienen derecholos parientes consanguíneos que descienden de un tronco común, sin ser ascendientes o descendientes entre sí. Los parientes de grado más próximo excluirán a los más lejanos. En primer lugar están los tíos. En caso de no existir ningún tío vivo, heredan los primos de la persona fallecida.

¿El testamento sólo sirve para transmitir bienes?
No, también se pueden realizar declaraciones, como por ejemplo, nombrar un guardador para sus hijos o reconocer un hijo no matrimonial.

¿Cuál es la diferencia entre herencia y legado?
La herencia corresponde a todo o parte del patrimonio del testador. El legado corresponde más a bienes particulares, concretos y específicos, como por ejemplo un auto o una obra de arte.

¿Quiénes no pueden hacer un testamento?
La mujer menor de doce años y el varón menor de catorce años de edad, pues según la ley, son absolutamente incapaces.
Las personas que no están en su sano juicio por ebriedad u otra causa.
El demente privado de la administración de sus bienes, a quien se le designa un representante legal.
Aquellas personas que no puedan expresar claramente su voluntad.

¿Se puede revocar un testamento?
Sí, es revocable mientras viva el testador. Basta con que éste haga uno nuevo. Sin embargo, es recomendable incluir una cláusula donde quede claro que el documento anterior queda nulo.

¿Se le puede encargar a un tercero que realice un testamento?
No, es un acto de una sola persona. En consecuencia, son nulos los testamentos mancomunados o conjuntos, así como la posibilidad de testar por medio de un mandatario o representante. La niña que ha cumplido doce años y el varón que ha cumplido catorce años, pueden testar libremente y sin necesidad de autorización alguna.

¿Cómo se hace cumplir un testamento?
El testador puede haber designado antes un albacea o ejecutor testamentario, que es la persona encargada de hacer cumplir lo que dice el testamento.

Tras la muerte del testador, el albacea debe informar a los herederos que existe un testamento y que representa la última voluntad de la persona. Luego él deberá hacer las gestiones necesarias ante los tribunales para que lo que el testamento dice respecto a bienes materiales sea incorporado a la posesión efectiva.

Si el testador no ha designado un albacea, cualquier heredero puede ejecutar el testamento solicitando la posesión efectiva ante tribunales, con la asesoría de un abogado.

¿Es necesario que siempre haya un notario para hacer un testamento?
No, la ley reconoce un tipo de testamento llamado menos solemne, donde pueden omitirse algunas formalidades como la presencia de un notario. Sin embargo, esto sólo puede darse en situaciones extraordinarias, como cuando la vida del testador se encuentra en peligro inminente.

¿Es necesario que siempre haya un abogado para hacer cumplir un testamento?
Sí, para que haga la gestión ante los tribunales.

¿Dónde se puede consultar por un testamento?
En el Servicio de Registro Civil e Identificación. Ellos cuentan con un Registro Nacional de Testamentos donde es posible ver la fecha, el nombre y RUN del testador, además de la clase de testamento. Sólo esos datos pueden ser consultados por el público, el contenido no se puede revelar.

¿Se pueden heredar bienes sin mediar un testamento?
Sí, el Código Civil en su libro III (art. 980 a 998) establece normas para la sucesión intestada (sin testamento) para cuyo efecto los herederos deberán iniciar el trámite de posesión efectiva ante el Servicio de Registro Civil.

¿Qué leyes rigen los testamentos?
El Código Civil, a través de disposiciones en su Libro Tercero (art. 951 a 1436), y la Ley N° 19.903 sobre posesión efectiva de la herencia.

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

2007-11-14T11:07:00.000-08:00

E.I.R.L.

La ley 19.857, publicada en el Diario Oficial el 11 de febrero del 2003, a autoriza el establecimiento de las empresas individuales de responsabilidad limitada (E.I.R.L).
Esta normativa constituye una verdadera novedad, ya que hasta antes de esta Ley, no existía en nuestro sistema jurídico un mecanismo que permitiera al empresario individual separar el patrimonio que destina al negocio, de aquellos bienes de su propiedad y que destina a otros objetivos.
Los objetivos perseguidos por esta Ley, son básicamente, es incentivar el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales de pequeños empresarios además de la formalización o legitimación de actividades empresariales de personas que no lo han hecho porque actúan bajo el amparo de sociedades de hecho o de sociedades simuladas.

FORMALIDADES DE CONSTITUCIÓN DE LA E.I.R.L.

Sin duda que es apropiado que esta figura jurídica tenga un régimen de constitución solemne, consistente en el otorgamiento de una Escritura Pública y la inscripción y publicación de un extracto de ella en el Registro de Comercio y en el Diario Oficial, respectivamente. La exigencia de estas formalidades redunda tanto en resguardo de la persona que la crea la EIRL como en la protección de los terceros que contraten con ella.

Contenido de la Ley:
a) Se autoriza a las personas naturales para constituir empresas individuales con responsabilidad limitada.
b) Estas empresas deberán constituirse por escritura pública, cuyo extracto se inscribe en el registro de comercio y se publica en el Diario Oficial, (formalidades idénticas a las que la ley contempla para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas);
c) La escritura de constitución debe individualizar a su propietario e indicar el nombre de la empresa, su capital inicial, la actividad económica o giro, su domicilio y la duración, pudiendo ser indefinida.
d) Cumplidas las formalidades de constitución, nace a la vida jurídica y comercial, una nueva persona jurídica, siempre comercial, cuyo objeto puede contemplar actividades civiles o comerciales de cualquier especie, salvo las reservadas exclusivamente a las sociedades anónimas;
e) El propietario de la empresa individual responde con su patrimonio, sólo de los aportes efectuados a la empresa. La empresa, por su parte, responde por las obligaciones generadas en el ejercicio de su actividad, con todos sus bienes.
f) El nombre de la empresa deberá llevar el nombre de su propietario o un nombre de fantasía, una referencia a su objeto o giro mas la abreviatura "E.I.R.L."
g) Debe darse formalidad y publicidad especial a los contratos que celebre la empresa individual con su propietario, cuando éste actúa dentro de su patrimonio personal.
h) La administración de la empresa corresponde a su propietario, sin embargo este puede dar poderes generales o especiales para ello, a un gerente o mandatarios.
i) Las utilidades retiradas por el empresario, pertenecen a éste y no al patrimonio de la empresa.
j) Se establecen las causales de término de la empresa, entre las cuales destacan la voluntad del empresario, la llegada del plazo o la muerte del titular.
k) A su vez, se establecen los mecanismos para que, en caso de fallecimiento del titular, sus herederos puedan continuar con la empresa;
l) Se establece la posibilidad que una empresa individual se transforme en sociedad o que, una sociedad pueda transformarse en empresa individual, cuando su capital se reune en manos de una sola persona.
m) Todo el régimen jurídico aplicable a la empresa, incluso en materia tributaria y de saneamiento de la nulidad por vicios en que pudo haberse incurrido en su constitución o reforma, es el estatuto jurídico de las sociedades de responsabilidad limitada.

Los Contratos

2007-10-18T07:24:00.000-07:00

Contratos:

Lo que interesa saber

Cuando se piensa en un contrato es habitual imaginarse algo rodeado de mucho papeleo y sólo reservado para asuntos de cierta importancia. No obstante, deberíamos ser conscientes de que cuestiones tan cotidianas como la compra de alimentos, los servicios que se solicitan a un cerrajero o el boleto del autobús o del metro son en sí otros tantos contratos.

El contrato es un acuerdo o convenio entre dos o más partes, por el cual cada una asume el compromiso de cumplir con determinadas obligaciones.

Por ejemplo, en la compra de alimentos, el vendedor asume la obligación de entregar alimentos en buen estado, y el consumidor, la de pagar el precio convenido.

En un contrato se pueden establecer las condiciones que acuerden las partes, siempre que estos acuerdos no vayan en contra de lo fijado por la ley. Si hay algo que no se especifica en el contrato, se entiende también que se rige por lo que dictamine la ley.
Si el contrato es complejo o de cierta importancia económica (por ejemplo, para la compra de una vivienda), busque el asesoramiento de una asociación de consumidores o de un profesional especializado (abogado, economista, etc.).

Cuando intervengan notarios o corredores de comercio, éstos tienen la obligación de asesorarle, por lo que no dude en preguntarles todas las cuestiones que le surjan ni en solicitarles información sobre el contrato y las obligaciones que va a asumir.

¿Por escrito?

No debemos confundir el contrato con el documento o papel en que se formaliza. Éste no es más que la prueba de que ha tenido lugar dicho contrato.
Pero para que exista contrato no es necesario firmar un documento; los contratos también pueden ser verbales. Sin embargo, es conveniente plasmarlos por escrito para que no existan problemas cuando haya que probar que se acordaron unas obligaciones determinadas. Hay dos tipos de contratos escritos:

• El documento público, en el que interviene un Ministro de Fe público (persona que da fe de la identidad de los firmantes, la fecha de la firma y el contenido del documento –sin entrar a valorar si éste es o no cierto): notario, corredor de comercio u otro funcionario público. Gracias a su intervención, estos documentos tienen un valor probado que nadie puede poner en duda.
Nuestro Código Civil exige la constancia en documento público de determinados actos y contratos, entre otros: los contratos de compraventa de bienes raíces, los contratos de cesión de derechos y los contratos de constitución de sociedades.

• El documento privado es el firmado por las partes en presencia, si se quiere, de testigos (que también pueden firmar como tales), pero sin que intervenga un fedatario público. Esto puede llevar consigo que una parte niegue haber firmado el contrato, complicando así la posible reclamación judicial.

Chile...de Norte a Sur, Continental, Insular y Polinésico

2007-07-13T14:35:00.001-07:00

imagenes de mi pais

2007-07-09T18:19:00.000-07:00

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2007-05-20T15:49:00.001-07:00

Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de la comunidad nacional e internacional, relacionadas con la información y protección de sus derechos; para ello nuestro estudio está compuesto por un grupo de profesionales que abarca las diferentes áreas del Derecho.
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